En el marco de la causa por espionaje ilegal, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dispuso una serie de medidas tendientes a dilucidar si el ex subsecretario de Políticas Penitenciarias y actual juez federal en La Pampa, Juan José Baric, participó de una maniobra para espiar a Hugo y Pablo Moyano ante una eventual detención, en el año 2018.
El pedido de Martínez de Giorgi surgió por una serie de averiguaciones y presuntas medidas que el magistrado de Santa Rosa, Juan Baric, habría determinado ante la posible detención de los dos sindicalistas opositores al expresidente Mauricio Macri.
Ahora la investigación por espionaje ilegal sumó un nuevo capítulo ya que se tratará de dilucidar si el juez federal de Santa Rosa estuvo detrás de una operación de cableado en un penal donde iban a detener a Hugo y Pablo Moyano en 2018. Entre las presuntas maniobras de espionaje se pretende esclarecer si hubo un pedido de informes sobre los teléfonos celulares registrados a su nombre.
El pedido de informes sobre estas presuntas maniobras surgió del fiscal Franco Picardi, en el marco de la causa en la que se investigan supuestas maniobras de espionaje ilegal desplegadas durante el gobierno de Mauricio Macri sobre dirigentes políticos, sociales, religiosos, periodistas, incluso en cárceles federales y de la provincia de Buenos Aires.
De acuerdo a las informaciones, en el expediente hay pruebas que dan cuenta de que Baric se había ocupado personalmente de impulsar la colocación de cámaras y micrófonos en el penal de Melchor Romero (partido de La Plata) y que para ello había contactado a la directora de la unidad para trasmitirle órdenes "de arriba”.
Entre las medida que solicitó el juez de la causa, Martínez de Giorgi, se requirió a las empresas prestatarias de telefonía móvil que informen los abonados telefónicos que estén registrados a nombre de Baric; Borghetti; del asesor Fernando Manzanares; y del agente del Servicio Penitenciario Bonaerense Andrés Patricio Rodríguez, entre otros.
También ordenó identificar las líneas a nombre de los exagentes de la AFI supuestamente involucrados en la maniobra: Fernando Gustavo Whaler, Claudio Héctor Marcus, Emiliano Darío Picabea, Sebastián Alejandro Iglesias, del área de Operaciones Técnicas, y Alan Flavio Ruiz, entonces director de Operaciones Especiales.
Por otro lado, le requirió al Ministerio de Justicia de la provincia de Buenos Aires "que informe los números de abonados telefónicos cuya titularidad y/o uso y/o asignación hubiera sido afectada" entre julio y septiembre 2018 a Juan Baric; Borghetti; Manzanares y Rodríguez; a la vez que pidió que se informen los ingresos de los agentes de la AFI investigados al ministerio en el mismo período. En simultáneo, el juez pidió a la Jefatura de Gabinete de Ministros de la Nación que informe si alguno de los investigados ingresó entre julio y septiembre de 2018 a la Quinta presidencial de Olivos o a la Casa Rosada.
En agosto de 2018 miembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) mantuvieron contactos con jueces, con el objeto de consultarlos y presionarlos para que avanzaran en la detención de los sindicalistas de Camioneros.
“Luego un grupo de agentes de la AFI concurrió hasta la alcaidía 3 de Melchor Romero para instalar cámaras y micrófonos en las celdas de un pabellón, como también en los locutorios y en las duchas”, consigna el expediente.
Parte de esa historia pudo ser reconstruida por la Justicia a partir de las dos declaraciones que brindó en la causa la directora de la Unidad Penitenciaria, Natalia Rousillon, quien contó que pensó que se trataba de operarios de una empresa gestionada por el entonces Gobierno nacional para garantizar (con cámaras) la seguridad de presos de alto impacto que podían ser trasladados allí.
