Tras la disparada de la inflación, la flamante ministra de Economía, Silvina Batakis, anunció como parte del paquete de medidas una puntual relacionada a los precios: el Gobierno avanzará en definir las autoridades para la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC), lo que le permitirá al organismo mayor fortaleza para regular sectores concentrados o cartelizados, y hasta para frenar fusiones de corporaciones, con el objetivo de evitar "abusos de precios".
“Tenemos que conformar la autoridad nacional de Defensa de la Competencia. Vamos a avanzar esta semana en su reglamentación, para proponer el concurso de ese tribunal”, aseguró Batakis en su primera conferencia de prensa, a una semana de asumir. Además, hizo referencia a las subas ocurridas en medio de la incertidumbre tras la renuncia de Martín Guzmán: “No podemos permitir abusos de precios. Lo que sucedió esta semana no tiene ninguna explicación y solamente son especulaciones”.
En relación a la inflación, que se encamina a tener un piso del 6% en julio, Batakis afirmó que tiene “expectativa y confianza” tras las charlas que mantuvieron con grandes empresarios. Pero la medida concreta anunciada estuvo relacionada con Defensa de la Competencia. Se trata de un organismo que investiga conductas anticompetitivas y concentraciones económicas, para promover el buen funcionamiento del mercado y resguardar a los consumidores.
La referencia de Batakis se explica debido a que la CNDC no cuenta con un tribunal, pese a que así lo estableció la legislación sancionada en 1999 (ley 25156), y también la modificación que se realizó en el gobierno de Cambiemos (ley 27444), del 2018. La falta de un tribunal no es algo menor, dado que se trata de la principal autoridad que debería tener el organismo, que en el mientras tanto depende de la Secretaría de Comercio Interior.
De hecho, ese tribunal funcionaría como un tribunal judicial, lo cual haría que no se dependa de la firma de un secretario de Comercio, sino que el propio tribunal podría avanzar de oficio en investigaciones. Además, empiezan a regir capítulos de la ley que no se aplican por no haber tribunal, como las aprobaciones de fusiones “ex ante” que se lleve a cabo una acción empresaria, y no “ex post”, como ocurre actualmente, consumados los hechos.
“Con un tribunal, nunca podría haber ocurrido la fusión Clarín-Cablevisión, porque de esta manera a la legislación le falta su autoridad principal, cuando funcione, esas cosas no podrían pasar”, graficó el economista Claudio Lozano, director del Banco Nación. Sin embargo, la conformación de un tribunal no es algo automático, según se estableció en la última ley. Se da en el marco de un concurso público, donde deciden cuatro jurados, ya conformado por el Ministerio de Desarrollo Productivo, la Procuración del Tesoro, la Asociación de Economía Política y la Academia de Derecho y Ciencias Sociales. Los jurados eligen una terna, se envía al Poder Ejecutivo y finalmente el Senado aprueba (algo similar a la presidencia del Banco Central).
Parte del procedimiento para conformar el tribunal se llevó a cabo en diciembre del 2019, últimos días del gobierno de Mauricio Macri. Sin embargo, apenas asumió el Frente de Todos, en marzo del 2020, el exministro Matías Kulfas anuló el proceso de designación. Por lo que desde que se sancionó la ley hasta la actualidad nunca fue conformado el tribunal de la CNDC. De hecho, el Gobierno intentó modificar la ley de Defensa de la Competencia, para modificar la forma de votación. Si bien tuvo media sanción en el 2020 en el Senado, naufragó en Diputados.
De esta manera, para avanzar en el concurso público bajo la ley vigente, se utilizará un reglamento que se armó bajo la gestión de la exsecretaria de Comercio, Paula Español, que establece convocar a los jurados. Según pudo saber este diario, la falta de definición de un tribunal (autoridad) lleva a que las investigaciones pierdan fuerza cuando las empresas las judicializan, mientras que por el contrario, un tribunal podría darle más “potencia” para sacar medidas cautelares.
