El alerta llegó desde la Oficina Federal de Investigaciones de los Estados Unidos, más conocido como el FBI; y avisaba sobre un usuario de Instagram que habría manifestado sus intenciones de atentar contra un reconocido centro comercial de la localidad bonaerense de Avellaneda.
Fue la Prefectura la que identificó al sospechoso, acusado de amenazas e intimidación pública por redes sociales señalado por el FBI.
Así, se detectó que tiene 25 años, vivía en Temperley, en el partido de Lomas de Zamora, y con esa información le allanaron la casa que compartía con sus padres.
El operativo de Temperley fue resultado de una alerta emitida desde el FBI, que fue aportada a la División de Investigaciones de Ciberdelitos por la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal y judicializada ante la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (UFECI), a cargo Horacio Azzolin.
“El aviso alertaba sobre un usuario de Instagram que habría manifestado intenciones de atentar contra un reconocido centro comercial de Avellaneda”, explicaron por medio de un comunicado oficial en Prefectura.
Fueron los agentes de Ciberdelitos quienes realizaron una exhaustiva investigación y analizaron los datos para localizar cuál había sido el origen de las amenazas. Así, fue que determinaron que las amenazas de intimidación pública a través de las redes sociales se había originado en una propiedad de Temperley.
De esta forma, siguiendo indicaciones del responsable del Juzgado Federal N°2 de Lomas de Zamora, Luis Armella, Prefectura registró la vivienda señalada por Ciberdelitos e identificó al principal investigado, quien residía junto a sus padres.
Durante el operativo, se incautaron cuatro celulares, una CPU y documentación de interés para aportar datos a la causa.
El delito de intimidación pública, en el Código Penal argentino, está contemplado en el artículo 211, que establece que “será reprimido con prisión de dos a seis años, el que, para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
El artículo también determina que “cuando para ello se empleare explosivos, agresivos químicos o materias afines, siempre que el hecho no constituya delito contra la seguridad pública, la pena será de prisión de tres a diez años”.
