La reforma en la Ley de Barrios Populares desató la furia de Patricia Bullrich. Su bloque (con excepción de un solo diputado) aprobó la prohibición de los desalojos en villas hasta el 2027.
Fue una aprobación muy consensuada. Inclusive la gestación de esta ley en el 2017 fue trabajada por diversos sectores, pero con aportes muy relevantes de diputados del PRO, la UCR y el peronismo.
Patricia Bullrich habló de que la nueva ley favorece a los "okupas". "¿A quiénes defendemos?", se preguntó. Estas definiciones se inscriben en una lógica más amplia: endulzar los oidos de una clase media que está harta de los beneficios o programas sociales que reciben sectores que le resultan ajenos. La bronca contra los llamados "planeros" sintetiza esta idea.
Se trata de un debate mucho más profundo del que parece. La propia Cristina Kirchner hace algunos meses alertó sobre la legitimidad de los planes o programas sociales. Indicó que su reparto discrecional puede generar tensiones justificadas entre personas de clase baja. Piénsese en dos personas que viven en la misma cuadra, tienen stándard de vida similares, pero una recibe un plan y la otra no.
Pero además de la "injusticia" que puede haber en la distribución de planes cuando éstos no son universales y su mecanismo de selección es difuso, existe en paralelo (y a esto apunta Patricia Bullrich) un enojo genuino de la clase media o clase media-alta que los financia.
En la literatura sobre el tema, se menciona que la sustentabilidad de un programa social hacia los sectores vulnerables requiere del acompañamiento de la clase media. Ellos deberían saber con precisión el alcance del programa, qué objetivos tiene, y cuáles son los beneficios futuros asociados.
La AUH, por ejemplo, es un programa condicionado: para recibir el dinero, la madre debe acreditar que sus hijos están yendo a la escuela y cumplen con la vacunación médica. El programa Potenciar Trabajo, en cambio, parece menos claro de explicar o delimitar: ¿quiénes aplican, cómo se los elige, hasta cuándo dura la ayuda?
Volviendo a Patricia Bullrich: no parece una buena idea congraciarse con la clase media indignada apuntando contra los "okupas" o "planeros". De hecho, la UCR y la Coalición Cívica no comparten esta aversión hacia los programas sociales que existen en todos los países de Latinoamérica. Si la titular del PRO llega al Gobierno, claramente no podrá eliminar esta red de contención social y su diatriba podría ser un "boomerang": la clase media embroncada con ella por no cumplir con su discurso populista de motosierra.
