A partir del mes de febrero, los usuarios de gas volverán a sufrir aumentos que en la Región podrían tener un impacto final de hasta casi el 50%. Así surge de la audiencia pública virtual realizada ayer para tratar el incremento tarifario del suministro. Allí, ante el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas), las empresas distribuidoras y transportistas (Camuzzi, Metrogas, Naturgy, TGN y TGS) pidieron incrementar sus ingresos entre un 135 y 283%, haciendo hincapié en los congelamientos tarifarios que se sucedieron durante el kirchnerismo y advirtiendo que en los últimos años el Gobierno les autorizó subas muy por debajo de la inflación.
Por eso, las compañías reclamaron implementar a partir de febrero un esquema de ajustes trimestrales que tome como parámetros la evolución de los precios y los incrementos en los costos del sector.
Como la tarifa final del gas está integrada por cuatro ítems (el precio del gas en boca de pozo, el transporte, la distribución e impuestos), el impacto entre lo que pidieron las distribuidoras y lo que finalmente terminará pagando el usuario dependerá de cada zona. Esos valores podrían oscilar entre el 21% y el 77,5% en todo el país.
En el caso de Camuzzi Gas Pampeana, que distribuye en la Región, la factura de un usuario residencial promedio pasaría de $ 4.892 a $ 6.105 mensuales (24,8% de incremento) y la de un usuario nivel 2 (sin tarifa social) de $ 2.444 a $ 3.657 (49,6%).
Eso pese a que en la audiencia de ayer, Alejandro Pérez, que habló en representación de Camuzzi Gas Pampeana y Camuzzi Gas Sur, reclamó subas de 196% y 283%, respectivamente.
“Estos incrementos son para cubrir los costos mínimos de operación y mantenimiento, y para realizar las inversiones impostergables para la prestación del servicio en condiciones de seguridad. No incluyen rentabilidad para la compañía e implican la premisa que arranca en febrero. Están pensados para que no se incremente la deuda de capital que tenemos con los productores. Cualquier porcentaje menor a esto va a ir en contra de eso”, dijo el ejecutivo, a la par que observó el costo financiero que se desprende del atraso en los pagos del Estado por la compensación de la tarifa social y de las entidades de bien público.
