Con 65 votos afirmativos este jueves quedó aprobado, por unanimidad, el proyecto de ley por el que se crea el Plan Federal de Capacitación sobre Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.
La misma es con el objetivo de prevenir las violencias y abusos en la infancia, y fue impulsado luego del caso de Lucio Dupuy, el niño de cinco años asesinado a golpes en La Pampa, por el que fueron condenadas su madre Magdalena Espósito Valenti, y su pareja, Abigail Páez.
En el recinto se encontraba presente el abuelo del niño, Ramón Dupuy, quien se acercó al Congreso junto a otros familiares y reclamó la aprobación de la iniciativa.
Diez senadores de las distintas bancadas participaron como oradores para exponer sobre esta iniciativa que, tal como estimaban fuentes parlamentarias, fue aprobada por unanimidad.
SOBRE LA LEY
La llamada Ley Lucio que busca prevenir la violencia y abuso en la infancia establece capacitaciones continuas y obligatorias, campañas de concientización y mayor presupuesto.
El proyecto crea el Plan Federal de Capacitación de carácter continuo, permanente y obligatorio en Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes (NNyA) -plan que le da nombre a la ley- dirigido a todas las personas que se desempeñen en la función pública en todos sus niveles y jerarquías en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
La capacitación prevista puede extenderse a administraciones provinciales y municipales y organizaciones sociales, deportivas, recreativas y culturales.
La Senaf, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, será la autoridad de aplicación de la ley, por lo que tendrá una "obligación inmediata y directa" en las capacitaciones y campañas de concientización que deberán realizarse, en lo que ya cuentan con "cierta experiencia acumulada".
Uno de los artículos de la ley plantea, además, la creación de campañas de concientización para que toda la población se involucre en la promoción y defensa de los derechos de NNyA. Asimismo, otro eje central es la protección de los denunciantes en los casos de posible vulneración, procurando "la reserva de identidad del denunciante y la protección de su integridad".
La ley enfatiza en el deber de comunicar una vulneración o amenaza de derechos y el deber de recibir y tramitar una denuncia por parte del funcionario público, conforme lo establecido en la ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de NNyA y la Ley 27.455 de Abuso en la Infancia.
