La Policía Bonaerense arrestó en la Escuela N°59 en la zona de Villa Alba a S.A y a M.M, una pareja, ambos changarines, tras una investigación de un año de duración a cargo del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
A S.A, el hombre, se lo llevaron literalmente frente a la mesa de votación, a la vista de todos los vecinos. Su mujer fue encontrada en la vereda de la escuela, tras haber votado ella misma en otra escuela. Luego de esposarlos, los efectivos de la Dirección de Investigaciones contra el Crimen Organizado, bajo la Superintendencia de Investigaciones de Delitos Complejos, les leyeron a ambos los cargos en su contra, pusieron cara de tedio mientras un policía los filmaba con un teléfono.
Los nombres de los imputados se mantienen en reserva para preservar a sus tres víctimas. Son, literalmente, sus tres hijos. El delito que Condomí Alcorta les imputa es un párrafo completo: abuso sexual reiterado con acceso carnal, triplemente agravado por ser cometido por ser cometido por ascendentes, por la situación de convivencia y por estar a cargo de la guarda de las víctimas.
También se los acusa de corrupción de menores. Las tres víctimas enfrentaron declaraciones en cámara Gesell. Las evaluaciones posteriores determinaron que las violaciones supuestamente sufridas perturbaron su desarrollo sexual. El daño, dicen los psicólogos, es hondo.
La denuncia de una mujer de la propia familia del hombre acusado, realizada el 28 de septiembre de 2022, dio comienzo al expediente.
Los abusos, según los relatos de los chicos, ocurrieron desde 2012 hasta 2019. Comenzaron a ser atacados desde que tenían, al menos, cinco años de edad, el mayor de ellos hasta sus 12. Hoy, ese chico tiene 15 años y su testimonio fue clave para imputar a sus padres.
La valoración de los relatos de los chicos fue clave. Tal como en el caso de Jonathan Fabbro, condenado a 16 años por violar a su ahijada, se determinó que sus declaraciones “no tienen signos de mendacidad o fabulación”, según el reporte en la causa.
Entre las pruebas del expediente, además de la cámara Gesell, constan reconocimientos médicos, así como un informe de un perito de la Suprema Corte bonaerense.
