Se trata de una asociación ilícita que fue denunciada en las últimas semanas por extorsiones vinculadas al cobro para la realización de obras y al negocio de viandas. Algunas de las víctimas forman parte del sindicato de la construcción.
Se llevaron a cabo diez procedimientos en Rosario y en ciudades vecinas y hay siete aprehendidos, entre los que se encuentran también delegados de la UOCRA de las seccionales de Villa Constitución y San Lorenzo. En los operativos se encontraron cajas con dinero en efectivo en algunos inmuebles, una escopeta y varias réplicas de armas largas y cortas.
En la casa de Bracamonte había unos seis millones de pesos. En la de Vergara se halló una cantidad similar. El líder sindical, por su parte, tenía un inhibidor de señal utilizado para bloquear teléfonos.
El fiscal Miguel Moreno, que ya había detenido a Bracamonte a mediados de 2020, ordenó diez allanamientos en distintas localidades de la región y la detención de ocho personas, entre las que se encuentran barras y gremialistas.
La defensa de Bracamonte, en manos del abogado Carlos Varela, apeló la prisión preventiva al cuestionar la imputación de lavado de activos. En dos oportunidades se la denegaron, pero la tercera fue la vencida a mediados de noviembre de 2021. Presentó a la Justicia documentos y pericias contables que, según esa postura, daban indicios de que las cuatro empresas tienen operatoria y movimientos de dinero que se pudieron justificar.
El líder de la barra de Rosario Central comenzó a ser investigado por el fiscal Moreno porque su nombre apareció mencionado en una trama de sicarios que ejecutaron al policía narco Cristian Ibarra, asesinado por Ariel Cantero, alias Chanchón, uno de los hijos de Máximo, el histórico líder de Los Monos.
