Después del anuncio del Gobierno de suspensión de la obra pública, el presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), Gustavo Weiss, advirtió que el incumplimiento de los contratos "se puede llevar a la Justicia". Así, adelantó por un escenario difícil para el sector, por el nivel de litigiosidad que puede ocasionar mayor cantidad de demandas judiciales.
"En materia de Obra Pública, todavía no dijeron de qué forma van a continuar las obras que están en curso y que vienen en una situación muy complicada por la inflación", señaló Weiss este miércoles en declaraciones radiales, en las que señaló además que "tenemos que ver cómo se van a traducir las medidas en la práctica, esperamos reunirnos con el Ministro de Infraestructura".
Si bien restan por conocerse los detalles de las medidas anunciadas ayer por el ministro Caputo, desde Camarco temen que la suspensión de la obra pública, genera un escenario de mayor conflictividad, que se traducirá en demanda y juicios por no cumplir con los contratos pautados con anterioridad.
"Nosotros tenemos 3 mil obras que estarían en ejecución en este momento", expresó Gustavo Weiss, y alertó: "Si hay un contrato firmado y una de las partes no lo cumple, se puede llevar a la Justicia".
El ministro de Economía, Luis Caputo, informó este martes que "el Estado nacional no va a licitar más obra pública nueva y va a cancelar las licitaciones aprobadas cuyo desarrollo aún no haya comenzado". Añadió que su realización quedará a cargo del sector privado porque "el Estado no tiene plata ni financiamiento para llevarlas a cabo".
"Suponíamos que iba a haber un ajuste. Continuarían las obras que están en curso, pero no dijeron de qué forma. Tenemos que ver cómo se traduce esto en la práctica en los próximos meses. Estamos esperando tener reuniones con el ministro de Infraestructura y el secretario de Obras Públicas", expresó Weiss a Nos Vemos en C5N.
Weiss destacó que, según datos de Camarco, "3.000 es el número de la obra pública que estaría en este momento en ejecución, tanto obras directas como por convenio". Agregó que "si hay un contrato firmado y el Gobierno lo incumple, potencialmente uno puede entablar una demanda en la Justicia. Veremos caso por caso".
En cuanto a los puestos de trabajo que se verían afectados por las medidas, detalló que "el empleo total de la construcción formal es del orden de 550.000 personas directas, esto es jornalizados y mensualizados. Aproximadamente la mitad trabajan en obra pública; la otra mitad trabajan en obra privada", explicó.
"Por lo tanto, el universo de empleo directo que estaría afectado por esta situación son más o menos 270.000 personas. A eso hay que agregarle aproximadamente un empleo indirecto por cada empleo directo, con lo cual 270.000 trabajan en obra pública directa y otro tanto en forma indirecta", sostuvo.
