Con un escrito de más de 90 páginas, los representantes del Ejecutivo nacional solicitaron de ese modo que sea rechazada la acción presentada por la Confederación General del Trabajo (CGT). A través de la misma, el organismo pretende declarar la invalidez del capítulo en cuestión, incluido dentro del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). El paso que dio la conducción de Javier Milei era uno de los que debía darse para que ahora el Poder Judicial se avoque al pleno análisis del apartado objetado.
Según se sostiene en el informe, desde el Estado destacan que la reforma "solo persigue ni más ni menos que reconstruir la economía a través de la inmediata eliminación de barreras y restricciones estatales que impiden su normal desarrollo, promoviendo al mismo tiempo una mayor inserción en el comercio mundial". Además, remarcaron, que las iniciativas "consisten en dinamizar el crecimiento del empleo, formalizar el trabajo no registrado y promover la inserción laboral de colectivos de personas que presentan obstáculos para acceder al mercado de trabajo".
En ese sentido, agregaron, que la intención es "incrementar el poder adquisitivo de los salarios e impulsar la participación de la población en el ámbito laboral" y argumentaron: "Esto significa que es necesario realizar un trabajo de selección de los indicadores (y las problemáticas) que formaran parte de los fundamentos de la política de reforma, con el propósito de evitar errores y falacias de diagnóstico".
Entre los indicadores en cuestión que avalarían esa reforma, el Gobierno mencionó que el poder adquisitivo de los salarios del empleo asalariado registrado del sector privado se encuentra en uno de los niveles más bajos desde enero de 2009; que la proporción de la población que ocupa un puesto asalariado registrado del sector privado se halla por debajo de los porcentajes observados en el período 2010-2018 y que la incidencia del empleo no registrado en el total del asalariado es una de las más elevadas de los últimos 15 años.
Finalmente, más allá del contenido, consideraron que la vía fue elegida porque "resulta clara la severidad de la situación en la que se encuentra la República Argentina, afectada por una crisis tanto económica como social que puede derivar en un deterioro aún mayor" y que "frente a este cuadro de situación resulta imperativo adoptar medidas urgentes que ayuden a poner en marcha al país, otorgando mayor libertad a las fuerzas productivas".
El documento lleva la firma de la abogada Jorgelina Sonzogno, quien actúa en representación del Estado Nacional y de la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social del ministerio de Capital Humano. El capítulo que se objeta contempla, entre otras cosas, la ampliación del período de prueba hasta los ocho meses, la incorporación de los bloqueos o tomas de establecimientos como causa de despido y cambios en el sistema de indemnizaciones.
