Padres y madres de chicos con autismo de La Plata alertaron por las consecuencias del DNU y la Ley Ómnibus que impulsa el gobierno nacional.
En un informe de Debora Barani, activista por los derechos de las personas con discapacidad e integrante de la Red Padres TEA La Plata, Berisso y Ensenada, se señalan los puntos más sensibles.
“La primera preocupación tiene que ver con que la Agencia Nacional de Discapacidad deja de estar en la órbita de la Secretaría General de la Presidencia pasando a Jefatura de Gabinete, a través de la designación de sus nuevas autoridades que por sus perfiles profesionales manifiestan que no está incluida en el modelo social de la discapacidad que es el modelo que lleva adelante la Convención Internacional de las PCD”, se explica.
“En la agenda del Gobierno, la discapacidad brilla por su ausencia y eso es algo preocupante, de hecho en el único lugar donde se menciona, por ejemplo, en el DNU a la discapacidad, se la menciona como un sujeto de cuidado en lo que respecta a la Ley de Teletrabajo. Y si bien se establece una posibilidad para aquellas personas que tienen a su cuidado personas con discapacidad horarios adaptables, esos horarios adaptables tienen que ser recuperados en algún momento, con lo cual hay que tener en cuenta un ajuste razonable para familias al cuidado de personas con discapacidad, con la reducción de la jornada laboral”, se completa sobre ese tema.
Por otro lado, alertaron por la situación futura de las pensiones: “Algo que viene atado con la seguridad social de las PCD es la pensión no contributiva que deben percibir y si bien en su plataforma el Presidente plantea una revisión de las mismas no queremos que suceda lo mismo que con el gobierno de Mauricio Macri que se dieron de baja 170 mil pensiones de personas con discapacidad sin el más mínimo control y dejando a la deriva a muchas personas que murieron a la espera de recuperar su derecho a la pensión”.
También evidencian que habría un retroceso en el tratamiento de los casos vinculado a la Salud Mental: “Vuelve a facilitar las internaciones en hospitales monovalentes de salud mental; es decir, los manicomios”.
“Si llega a aprobarse este texto, ya no será necesario el riesgo cierto e inminente para sí o para terceros para decidir una internación forzosa. Como si fuera poco, se retrocede en otra de las grandes conquistas de la ley, al dejar de obligar a terminar con los manicomios. De hecho, se elimina la obligación de internar a personas con problemáticas de salud mental en hospitales generales”, se resalta en el informe.
Por otro lado, cuestionaron que el proyecto elimina el plenario del Órgano de Revisión de la ley de Salud Mental del que forman parte entre otras organizaciones de derechos humanos y de familiares y usuarios de servicios de salud mental.
A su vez, recalcaron que “el sostenimiento de las prestaciones previstas en la Ley 24.901 peligra”. “200.000 personas con discapacidad pueden quedarse sin servicios básicos que mejoran y sostienen su calidad de vida. Este contexto desemboca, inevitablemente, en un urgente reclamo de actualización tarifaria. Se está solicitando un aumento del 100 por ciento de aumento de los aranceles de los prestadores mientras que, el sector de transporte, aspira a un aumento del 120 por ciento para poder mantener el servicio tras el aumento de los combustibles”.
