Las indemnizaciones laborales atadas por CER ya tienen media sanción en la Provincia con el guiño de un bloque libertario

El proyecto es de una diputada nacional de La Cámpora y cuenta con el apoyo de Walter Correa, Ministro de Trabajo bonaerense. Los radicales se abstuvieron alegando que es inconstitucional. Los libertarios dialoguistas votaron a favor
Provincia 15/05/2024 . Hora: 17:05
Las indemnizaciones laborales atadas por CER ya tienen media sanción en la Provincia con el guiño de un bloque libertario

El plato fuerte de la sesión de este miércoles en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires pasaba por un proyecto para cambiar la actualización de los montos de las indemnizaciones en los juicios laborales.

La iniciativa es de la camporista Maite Alvado y había atravesado las diferentes comisiones antes de llegar al recinto. Cuenta con el apoyo del Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa.

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La propuesta apunta a equiparar la tasa que se aplica en provincia con la que actualmente existe en la Ciudad de Buenos Aires, dónde ante las mismas condiciones y circunstancias, un trabajador cobra más por su despido. El proyecto que logró media sanción busca que dicha actualización sea por el coeficiente CER en lugar de una tasa pasiva. De esta manera, los montos indemnizatorios quedarían ajustados prácticamente a la inflación en ese periodo.

La diputada de Unión por la Patria, Soledad Alonso, manifestó que dicha iniciativa cuenta con el apoyo de todos los sindicatos: “Es fundamental la reparación a las personas cuando inician un juicio laboral. Se habla de la industria juicio, que es algo que no existe. Es un derecho laboral”.

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“Hasta ahora se beneficia a los empresarios por la tasa pasiva que se usa. Hasta el propio abogado laboralista promueve que el arreglo lo acepte el demandante para que no se dilate porque cuando llega el momento de cobrar la sentencia se hace con una tasa pasiva”, profundizó.

En ese sentido, dijo que el empresario dilata el proceso porque él puede poner a correr ese monto en un activo a tasa activa sabiendo que luego el total a pagar quedará “licuado” con la tasa pasiva y obtiene, entonces, una “rentabilidad” por ese diferencial de tasas.

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Este proyecto trae justicia y sentido común. Hay empresarios que cruzan la General Paz para que los juicios laborales sean en la Provincia de Buenos Aires”, completó.

Luego, el diputado liberal Guillermo Castello salió fuertemente al cruce. Indicó que es un tema que debe resolver el Congreso Nacional y no la Legislatura Bonaerense, pero luego ahondó sobre el espíritu del proyecto.

Es letal para la industria y el comercio. Eleva las exorbitantes indemnizaciones. Vamos a contramano del país. Este proyecto es anti-empleo. Va a aumentar la industria del juicio y va a dejar más gente en la calle. Esto solo va a beneficiar a los sindigarcas. La receta del kirchnerismo es siempre la misma: fomentar el odio a los empresarios. El kirchnerismo combate al capital. Parecen que están cómodos con el empleo informal y los planes sociales”, lanzó.

Desde el Frente de Izquierda, Guillermo Kane defendió el proyecto del peronismo: “Es un problema la licuación de los montos. Premia al empresario que no paga en tiempo y forma”.

Por otro lado, dijo que la actualización propuesta en el proyecto implica cuadruplicar los montos actuales que se abonan por indemnización.

“Es mentira que hacer más barato los despidos, generará más trabajo. La teoría del derrame es un curro. Quieren una desocupación masiva para que haya salarios de miseria”, cerró.

Los dos bloques radicales esta vez coincidieron y se abstuvieron. Dentro de los radicales díscolos, Martín Civale hizo foco en que se trata de un proyecto que complicará a las Mipymes.

“Entendemos la voluntad de las diputadas oficialistas aunque la coyuntura nos obliga a ser muy cuidadosos. Hay 550 mil empresas en el país, y 2 de cada 3 empleos son de Mypimes”, dijo, y apuntó contra el gobierno nacional por no encarar ninguna medida a favor del sector: “El RIGI es la estocada final para que miles de empresas tengan que cerrar”.

Por su parte, el radical Diego Garciarena hizo una extensa exposición sobre los antecedentes que indicarían que se trata de un proyecto inconstitucional: “Es como si quisiéramos cambiar la pena del homicidio. No somos competentes para tratar derecho de fondo”.

Del universo más próximo a Javier Milei, quien tomó la palabra es Juan José Esper, que naturalmente votó en contra por considerarlo inconstitucional, y además aprovechó para criticar “los 20 años de kirchnerismo” en materia de inflación, déficit y “saqueo de ANSES y el Banco Central”.

“Esto atenta contra la generación de empleo. En la Provincia el que emplea a un trabajador es un héroe. El primer paso que hay que hacer es sacarle el pie de encima a los que generan trabajo”, aseguró.

Maricel Etchecoin, de la Coalición Cívica, y Martín Endere, del PRO, también manifestaron que es un proyecto inconstitucional.

Finalmente, Maite Alvado justificó su iniciativa: “Es verdad que en el 2012 se trató un proyecto similar que después la Corte Suprema declaró inconstitucional. Pero les recuerdo que hubo un voto en disidencia que dijo que podía ser constitucional”.

Hay un vacío legal en la tasa, y cuando la Nación no legisla sobre lo que le corresponde, las facultades vuelven a las provincias. No podemos delegar las facultades de legislar a los jueces. La discrecionalidad del juez no está amparada en ningún lado. La Provincia tiene que legislar sobre esto”, dijo.

Y cerró: “El objetivo no es agravar la indemnización, sino que se actualicen e igualen a los índices inflacionarios. Es netamente injusto lo que ocurre actualmente. Las pymes no quiebran por las indemnizaciones, sino por las políticas tarifarias, productivas y monetarias. El problema es que no hay ventas”.

Por su parte, el bloque libertario dialoguista de Gustavo Cuervo y Constanza Moragues votó a favor de la iniciativa pero no intervinieron en el debate.

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