Este miércoles los senadores de diferentes bloques opositores se reunieron en el anexo de la Cámara Alta bonaerense junto a representantes de pymes y grandes empresas.
Dejaron a un lado las diferencias internas y se comprometieron a rechazar el proyecto que ya tuvo media sanción en Diputados, por el cual se elevarían las indemnizaciones laborales que deberían pagar las empresas.
El proyecto es de la diputada de La Cámpora, Maite Alvado, y cuenta con el respaldo del Ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa. En esencia, se cambiaría la forma en que se actualizarían dichos montos tras un juicio laboral. El oficialismo quiere que sea a partir del CER, que sigue a la inflación, en lugar del actual esquema con una tasa pasiva. En la práctica, esto elevaría el monto promedio de las indemnizaciones, lo que rápidamente motivó la preocupación del mundo pyme.
En la reunión de este miércoles estuvieron representantes de todos los bloques, dónde predominan el PRO y la UCR. El único faltazo estuvo por el lado del bloque de Carlos Kikuchi y Sergio Vargas. Sin embargo, Florencia Arietto señaló que desde ese espacio le confirmaron que también rechazarán. Así, Unión por la Patria quedaría aislado y sin el número para alcanzar el quórum en la Cámara Alta bonaerense.
"Creo que el rol nuestro está cuando se abren las puertas, cuando se escucha, cuando se ponen arriba de la mesa las cuestiones que le interesan a la provincia productiva", dijo el senador del PRO, Alejandro Rabinovich.
"Quiero hacer mucho hincapié en oponernos a una medida que claramente el kirchnerismo hace poner el pie arriba de la pequeña, la mediana, la gran industria, los dadores de trabajo. Por supuesto que queda agenda hacia adelante de cómo hacemos para legislar para sacar ese pie de arriba de los privados. Es un puntapié inicial haber frenado esto y que esta norma no avance en el Senado", agregó.
Por su parte, Ariel Bordaisco de la UCR dijo que se trata de "una mayoría muy contundente para el freno de este proyecto". Al mismo tiempo, afirmó que "una medida de este tipo en la competitividad va a hacer que las empresas elijan otra provincia".
"Me parece que es muy claro este mensaje que se está dando acá de los bloques opositores. De lo que nosotros queremos para la Provincia de Buenos Aires, para el desarrollo, de lo que pensamos de nuestra pequeña y mediana empresa. Espero que sirva para construir una hoja de ruta de reformas integrales de normativas en la Provincia para que de una vez por todas podamos salir del atraso en el que estamos", expresó.
Cabe recordar que el proyecto que obtuvo la media sanción en Diputados busca equiparar la tasa que se aplica en provincia con la que actualmente existe en la Ciudad de Buenos Aires, dónde ante las mismas condiciones y circunstancias, un trabajador cobra más por su despido. La iniciativa apunta a que dicha actualización sea por el coeficiente CER en lugar de una tasa pasiva. De esta manera, los montos indemnizatorios quedarían ajustados prácticamente a la inflación en ese periodo.
La diputada de Unión por la Patria, Soledad Alonso, había manifestado entonces que dicha iniciativa cuenta con el apoyo de todos los sindicatos: “Es fundamental la reparación a las personas cuando inician un juicio laboral. Se habla de la industria juicio, que es algo que no existe. Es un derecho laboral”.
“Hasta ahora se beneficia a los empresarios por la tasa pasiva que se usa. Hasta el propio abogado laboralista promueve que el arreglo lo acepte el demandante para que no se dilate porque cuando llega el momento de cobrar la sentencia se hace con una tasa pasiva”, profundizó.
En ese sentido, dijo que el empresario dilata el proceso porque él puede poner a correr ese monto en un activo a tasa activa sabiendo que luego el total a pagar quedará “licuado” con la tasa pasiva y obtiene, entonces, una “rentabilidad” por ese diferencial de tasas.
“Este proyecto trae justicia y sentido común. Hay empresarios que cruzan la General Paz para que los juicios laborales sean en la Provincia de Buenos Aires”, completó.
Por su parte, el diputado liberal Guillermo Castello había salido fuertemente al cruce. Indicó que es un tema que debe resolver el Congreso Nacional y no la Legislatura Bonaerense, pero luego ahondó sobre el espíritu del proyecto.
“Es letal para la industria y el comercio. Eleva las exorbitantes indemnizaciones. Vamos a contramano del país. Este proyecto es anti-empleo. Va a aumentar la industria del juicio y va a dejar más gente en la calle. Esto solo va a beneficiar a los sindigarcas. La receta del kirchnerismo es siempre la misma: fomentar el odio a los empresarios. El kirchnerismo combate al capital. Parecen que están cómodos con el empleo informal y los planes sociales”, lanzó.
