Un suboficial del Batallón de Comunicaciones Satelitales 601 del Ejército Argentino, con asiento en la localidad platense de City Bell, fue procesado por abuso sexual, abuso de autoridad y amenazas contra dos soldados voluntarias. El juez federal Ernesto Kreplak no dictó la prisión preventiva, pero sí aplicó un embargo de 10 millones de pesos sobre los bienes del imputado. La fiscal federal Ana Russo, que tuvo delegada la instrucción del caso, había solicitado el procesamiento.
Los hechos ocurrieron entre noviembre de 2022 y febrero de 2023, en la Compañía de Comando y Servicios del Batallón, en una oficina cerrada donde, según las denuncias, el acusado se encerraba con sus víctimas. Tanto el imputado como las dos víctimas se desempeñaban en la misma unidad militar. La soldado que denunció el abuso sexual trabajaba como auxiliar del suboficial principal acusado, compartiendo una oficina diariamente entre las 8 y la 13 en la zona del Parque de Automotores.
Según informó La Nación, la fiscal Russo recabó testimonios de las víctimas, de otras soldados y de personal del Batallón 601. Las declaraciones fueron consideradas sólidas y coherentes, respaldadas por otros elementos probatorios. La fiscalía ponderó que el acusado aprovechó su posición de poder en la jerarquía militar para perpetrar los abusos. “Si bien es cierto que los relatos de las víctimas constituyeron la piedra fundacional, se vieron robustecidos por el resto de los elementos probatorios incorporados al expediente”, dictaminó Russo.
El juez federal N°3 de La Plata, Ernestro Kreplak, sostuvo en resolución que “el suboficial aprovechaba los momentos en que se encontraba solo con la víctima para cerrar la puerta de la oficina con llave y abusar sexualmente de ella. Los abusos incluían tocamientos, intentos de besos y acoso físico. También le enviaba mensajes y llamadas de WhatsApp pidiendo fotos íntimas y ubicaciones. Todo esto ocurría sin el consentimiento de la soldado y aprovechando su posición de superior jerárquico”.
La víctima expresó que las amenazas eran constantes y que el imputado le advertía que, si contaba algo de lo que sucedía, usaría su cargo para hacer que la dieran de baja. Estas amenazas provocaban que decidiera no denunciar las situaciones de abusos. La segunda soldado también sufrió insinuaciones y amenazas, incluyendo una invitación a mantener relaciones sexuales y un episodio en el que el imputado la alzó del short.
La fiscalía sostuvo que ambas víctimas siguieron la cadena de mando y expusieron lo sucedido ante militares varones, hasta que fueron conducidas a la oficina de una teniente mujer, que oficiaba como Punto de Enlace de Género del Batallón 601. Esta oficial se encargó de materializar las actuaciones internamente, brindando el apoyo necesario a las víctimas y gestionando la documentación de las denuncias. La intervención de la teniente fue crucial para dar curso formal a las acusaciones y garantizar que se tomaran las medidas necesarias dentro del ámbito militar.
Por el momento, el juez Kreplak fundamentó la libertad del imputado en su conducta procesal, tanto en el ámbito administrativo del Ejército como en sede judicial, debido a que disminuía el riesgo de obstrucción de la investigación. No obstante, mantuvo vigente la orden judicial de prohibición de acercamiento y contacto del imputado con las víctimas. Esta medida fue dispuesta por primera vez el 15 de noviembre, a pedido de la fiscalía, y prorrogada el 16 de mayo pasado, con vencimiento el 16 de agosto próximo.
