
El juez federal en lo contencioso administrativo, Martin Cormick, decidió habilitar la feria judicial para ejecutar la medida cautelar emitida por el juez Lara Correa en la que obliga al gobierno a cumplir con los programas alimentarios vigentes, discontinuados desde el mes de febrero.
La habilitación de la feria había sido un pedido presentado por la UTEP y el CELS, que en dicha causa actúan como personería unificada.
Uno de los aspectos fundamentales del fallo de Lara Correa es que hace lugar a la medida cautelar solicitada por la Defensoría oficial en la que piden "asegurar de una manera eficaz y sustentable el derecho a la alimentación adecuada del colectivo representado".
Además, que se "ordene al Ministerio de Capital Humano que continúe con los planes y programas denunciados como política pública para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derecho a la alimentación de niños, niñas y adolescentes, que asegure su efectiva ejecución evitando cualquier dilación, interrupción o recorte sustancial de la prestación alimentaria por cuestiones ajenas a las pautas fijadas por las leyes y resoluciones vigentes hasta tanto se dirima la cuestión de fondo del presente constitucional".
Aquel fallo había sido celebrado por Juan Grabois: “Implica la inmediata restitución de la provisión de alimentos a los comedores comunitarios a través de todas las asociaciones que venían realizándolo. Desde luego esto no impide el correcto ejercicio del poder de auditoría de los comedores, pero es claro en cuánto no se puede generalizar y desabastecer al conjunto por las irregularidades que se detecten en unos pocos”.
“Es una nueva victoria jurídica que esperamos, esta vez, el gobierno acate. Nuevamente, al ser una cautelar alimentaría su efecto no es suspensivo sino devolutivo. Durante el plazo de la apelación el cumplimiento tiene que hacerse efectivo, sino nuevamente incurrirían en un nuevo hecho de incumplimiento de deberes de funcionario y eventualmente desobediencia”, había expresado en sus redes sociales el dirigente social.