El ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno fue condenado hoy a tres años de prisión condicional en el juicio oral por la presunta manipulación de los datos del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) durante el último semestre del 2007.
La medida fue tomada por el Tribunal Oral Federal 2 de Comodoro Py que además condenó a Moreno a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos. El ex funcionario fue encontrado culpable de los delitos de abuso de autoridad y destrucción de registros públicos.
Esta es la tercera condena que recibe. Tiene una de dos años y seis meses de prisión por el caso del merchandising con la leyenda “Clarín Miente” y la segunda a dos años de prisión en suspenso por el caso de los “¿Casco o guantes?” en una asamblea de 2010 de la empresa Papel Prensa. Los dos están bajo revisión y la de hoy podrá ser apelada por su defensa a la Cámara Federal de Casación Penal.
Por otra parte, el Tribunal Oral condenó a Beatriz Paglieri, ex directora de Índices de Precio de Consumo, a tres años de prisión y a seis de inhabilitación para ejercer cargos públicos y absolvió a las empleadas Marcela Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, las otras acusadas del caso. El fallo fue firmado por los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Néstor Costabel.
Moreno escuchó su condena por videoconferencia, como el resto de las partes mientras que los jueces estuvieron en una de las salas de audiencias de los tribunales de Comodoro Py, y a la mañana había dicho sus últimas palabras ante el tribunal. “Hay un viejo dicho que es `hechos, pruebas y derecho`. Pruebas no hubo, descarto que habrá derecho”, había dicho el ex funcionario.
También señaló que lo que hubo fue un alegato académico de parte del fiscal Diego Luciani que junto con José Ipohorski acusaron a Moreno de haber cometido los delitos de violación de secretos, abuso de autoridad, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica. y pidieron que sea condenado a cuatro años de prisión y 10 de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
“El alegato de Luciani fue inteligente. No tenía pruebas y apeló a un juicio académico. No puede el fiscal evaluar si el INDEC trabajó mal durante un gobierno cuando lo que se juzga es un semestre. Eso es un error garrafal”, había dicho en sus últimas palabras.
