La comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados bonaerense aprobó un proyecto de ley para crear un régimen de obras menores en el ámbito de la provincia de Buenos Aires.
La iniciativa está destinada a facilitar aquellas contrataciones de obras públicas que los distritos lleven a cabo conforme lo establecido por la ley 6021 y su normativa complementaria.
El proyecto había sido presentado por el diputado radical Claudio Rossi en el cierre del año pasado, y ahora tendrá que pasar también por las comisiones de Legislación General, Asuntos Constitucionales y Presupuesto.
El texto considera “obra pública menor” a las obras de técnica simple y escasa entidad constructiva y económica necesarias para el normal funcionamiento del bien, su conservación, mejora y acondicionamiento.
Así, se señala como ejemplos: reparación de veredas, bacheo de calles de hormigón o asfalto, mejoras en plazas, luminarias, reparación y puesta en valor de inmuebles y trabajos de mantenimiento en general.
El espíritu del proyecto es favorecer el ingreso de empresas más pequeñas, sin tanta historia como contratista de obra pública. En otras palabras, reducir las barreras de ingreso y favorecer una mayor competencia en las licitaciones.
“En los procedimientos de selección que tengan por objeto obras menores podrán participar aquellas personas humanas o jurídicas que carezcan de antecedentes en ejecución de obras, ya sea como contratistas principales, que no se hallaren inscriptas al momento de la presentación de las ofertas en el Registro de Licitadores”, se explica en el proyecto.
De todas formas, dichos oferentes deberán precisar en su memoria descriptiva el alcance de los trabajos a ejecutar, como así también la experiencia de los integrantes de la persona jurídica, o del personal a afectar en la ejecución del contrato.
En caso de que la empresa sin antecedentes gane la licitación, deberán presentar una garantía complementaria, equivalente al 50% del valor de la garantía de cumplimiento de contrato. Dicha garantía podrá ser ejecutada en los mismos términos y condiciones que la garantía de cumplimiento de contrato.
Al mismo tiempo, se obligará a la empresa a formalizar su inscripción en el Registro de Licitadores.
Finalmente, el proyecto alienta a los municipios a adherir a dicho esquema en sus distritos.
