Tras prorrogar la emergencia energética hasta el 9 de julio de 2025, el Gobierno evalúa qué hacer con los subsidios aún vigentes.
Por ahora, se posterga la normalización regulatoria de la energía eléctrica y el gas, prevista originalmente para que estuviera lista como máximo este 31 de diciembre de 2024.
Esas revisiones se pondrían en marcha "lo más pronto posible", según fuentes oficiales. Ahora, el nuevo plazo se llevó a enero y febrero 2025.
Las compañías trabajan en la presentación de los documentos con las previsiones de sus negocios entre el año que viene y 2030. El ministro de Economía, Luis Caputo, estima aplicar el final del esquema actual de segmentación de subsidios antes de fin de año.
El objetivo es terminar la división entre los usuarios N1 (Nivel 1 - "Ingresos altos"), N3 (Nivel 3 - "Ingresos medios") y N2 (Nivel 2 - "Ingresos bajos") para ir hacia un sistema de hogares sin subsidios, que paguen el costo real de abastecimiento de la energía y otros con la ayuda del Estado nacional mediante la tarifa social.
En tanto, la emergencia enegética prorroga la transición tarifaria, lo cual abre la puerta a continuar con los aumentos de tarifas mensuales a discreción del Gobierno, sin un marco regulatorio vigente.
Además, contempla que continuarán las intervenciones del ENRE y Enargas hasta la constitución del futuro Ente Nacional Regulador del Gas y la Electricidad, que absorberá a ambos.
El decreto extende la vigencia del DNU 55/2023, por entender que “persisten aún las circunstancias” que motivaron su promulgación al comienzo de la gestión actual.
La extensión de la emergencia se decidió frente a la proximidad del plazo fijado en el decreto original, el 31 de diciembre de 2024.
