La Cámara baja aprobó y giró al Senado los cambios penales sobre reincidencia y reiterancia, una iniciativa que el gobierno cree que desactivará la denostada “puerta giratoria”.
La ley en cuestión recibió 138 votos afirmativos, 94 negativos y una abstención, durante la definición en general. Luego se pasó a la particular, donde revalidó una cantidad menor de legisladores, sin poner en riesgo su destino.
Del lado de los avales aparecieron las bancadas de La Libertad Avanza, PRO, las diversas usinas radicales y silvestres provinciales, mientras que la oposición estuvo del lado del kirchnerismo y la izquierda.
En cuanto al proyecto, el primer artículo deja en claro que “se considerará reincidente a toda persona que haya sido condenada dos (2) o más veces a una pena privativa de libertad, siempre que la primera condena se encuentre firme”. Es parte del corazón del texto, que fue detallado por la legisladora del PRO y titular de la comisión de Legislación Penal de la Cámara baja, Laura Rodríguez Machado.
La diputada por Córdoba explicó: “¿Qué es lo que pasa? Cuando un delincuente sale a cometer otro delito, y hay muchos que no tienen pena de cárcel inmediata, como robar un quiosco, se lo detiene pero se lo suelta y nunca cumple la pena efectiva de prisión para que sea considerado reincidente”.
Rodríguez Machado agregó que, con las modificaciones propuestas, “para que un delincuente sea considerado reincidente y no tenga beneficios, debe haber sido condenado en dos o más delitos y solamente debe tener una condena firme”, por lo que “no va a entrar y salir por la misma puerta”.
Por último, la cordobesa destacó la diferencia entre “reiterancia” y “reincidencia”. En ese sentido, dijo que “un juez hoy valora y dicta en base a la posibilidad de fuga y/o entorpecimiento de la causa”, y que a partir de la ley empujada por la Casa Rosada “se incorporará un tercer supuesto, que son las imputaciones previas que haya tenido, lo cual deberá también ser valorado por el juez”.
La respuesta del kirchnerismo no tardó en llegar y aterrizó de la mano del rionegrino Martín Soria. “Rechazamos la intención, no supera el mínimo test de constitucionalidad”, aseguró, y sumó: “Buscan que el Ejecutivo pueda encarcelar ciudadanos completamente inocentes. El eje central es sustituir la presunción de inocencia de los habitantes por la de un juez, sobre si cometerá un delito en un futuro. Es la futurología penal de los jueces, una categoría nueva, inédita”.
