Este lunes algunos medios de comunicación “informaron” que Julio Garro había sido imputado en una causa vinculada a la aprobación de diversos desarrollos inmobiliarios en la periferia de la ciudad.
Sin embargo, la realidad fue muy diferente: no hubo allanamiento a la casa del ex jefe comunal ni tampoco una imputación formal.
Los delitos que se investigan son los de asociación ilícita, incumplimiento de los deberes de funcionario publico, falsedad Ideológica de documento público, y administración fraudulenta.
La actual investigación comenzó tras una denuncia de la actual intendencia, a cargo de Julio Alak. La causa tramita en la UFI 16 del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta.
Con el aval de la jueza de Garantías Marcela Garmendia en el marco de la IPP N° 06-00-059219-24/00, se practicaron un total de cinco allanamientos y 11 órdenes de presentación, los asientos físicos operativos y administrativos de cuatro empresas privadas (LES BAUX Y SERVICIOS S.A.S., BORDOGONI Y CIA. SRL, SOLVIAL CONSTRUCCIONES y AGRYCON S.A.), como así domicilios particulares de empleados municipales y privados.
En diálogo con LAPLATA1.COM, Fabián Améndola, abogado de Julio Garro, aclaró que en el caso del ex intendente "solamente existió una notificación por una causa relacionada a la rezonificación de barrios para emprendimientos inmobiliarios y la construcción de la rotonda de 467 y 160 financiada a partir del Tributo de Plusvalía".
Mientras se hicieron presentes los efectivos policiales en el domicilio del ex jefe comunal, Améndola comentó que también le consultaron a Garro si tenía en su poder el expediente municipal relacionado a la denuncia, a lo cual respondió que no, ya que todos esos papeles se encuentran en las oficinas municipales del área. En tanto, insistió que jamás hubo un allanamiento.
LA PALABRA DEL FISCAL CON RESPECTO A LOS IMPUTADOS
“Al menos desde el 10 de diciembre del año 2015 hasta el 10 de diciembre del 2023, varios funcionarios públicos de la Municipalidad de La Plata, en connivencia con empresarios particulares, aún no individualizados en su totalidad, los que cumpliendo distintos roles y funciones, viabilizaron simulando legitimidad múltiples desarrollos urbanísticos en zonas no permitidas, las cuales no contaban con la correspondiente autorización provincial respectiva para cada emprendimiento”, aseveró Condomí Alcorta.
“Esto lo habrían realizado tanto en beneficio propio como de distintas empresas / desarrolladoras intervinientes, por un monto aproximado de mil quinientos millones de dólares, ocasionando con su accionar un perjuicio económico tanto a los adquirentes de dicho inmuebles como al municipio en un monto estimado en $700.000 millones de pesos”, continuó.
