Desde el equipo de la gestión de Julio Garro emitieron un documento sobre la denuncia efectuada por la actual administración municipal por supuestas irregularidades en la construcción de la rotonda de 467 y 160.
“En los últimos días, ex funcionarios de nuestra gestión fueron notificados sobre una denuncia presentada por la gestión actual. Dicha presentación menciona presuntas irregularidades basadas en una hipótesis, sobre la posible comisión de un delito en un expediente referido a la aplicación de la plusvalía de una desarrolladora privada, que tuvo como resultado la construcción de la rotonda en 467 y 160”, indicaron.
“La denuncia hace referencia a una obra vinculada al sistema de plusvalía. Es importante recordar que, durante nuestra gestión, este sistema fue reformado para asegurar que los fondos provenientes de los desarrolladores se destinaran exclusivamente a obras de infraestructura en beneficio de los vecinos”, explicaron luego.
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— Gestión Julio Garro 2015-2023 (@equipogarro1523) March 25, 2025
Así, consideraron que “Gracias a esta política, se podrían lograr mejoras clave como la construcción de puentes, sistemas hidráulicos, espacios públicos y equipamiento urbano, o bien el depósito de los fondos en una cuenta municipal de uso exclusivo para infraestructura”.
“En el caso puntual de la rotonda en 467 y 160, producto de una plusvalía, mencionada en la denuncia, el convenio con los desarrolladores se cumplió en su totalidad. De hecho, la obra se ejecutó con un estándar superior al previsto, incorporando iluminación, cordón cuneta, sumideros y otras mejoras significativas”, ahondaron.
En ese orden, sostuvieron que “en el marco del crecimiento planificado en ese sector y la existencia de un colegio que incluye los tres niveles educativos, se decidió la construcción de una rotonda con el fin de mejorar el tránsito”.
“La rotonda es una intersección circular que se regula por la Ley de Tránsito para reducir la congestión vehicular y los tiempos de espera. ¿Por qué es necesaria la rotonda? Permite que el tránsito fluya de manera más segura y ordenada; Evita que se obstruya la intersección; Reduce la congestión y los tiempos de espera que podrían haber en un cruce regulado por semáforos”, detallaron en el documento desde el garrismo.
“Confiamos en que la documentación recabada por la propia Municipalidad con las empresas intervinientes (desarrolladora y constructora) permitirá esclarecer cualquier duda en el proceso judicial, ya que todos los desarrollos tramitados durante nuestra gestión fueron aprobados mediante ordenanza y cumplieron estrictamente con la normativa vigente”, subrayaron luego.
También recordaron que “este proyecto de ordenanza, impulsado por el equipo de gestión, fue posteriormente elevado para su tratamiento al CUOT (Consejo Único de Ordenamiento Territorial) conformado por Poder Ejecutivo, bloques de concejales; Colegios de arquitectos, ingenieros, técnicos y agrimensores. Cámara desarrolladores, Apymeco y Consejo consultivo, Universidad pública y católica. Posteriormente se llegó a un dictamen que se elevó a la comisión de planeamiento del Concejo Deliberante y que finalmente fue votado en el plenario del Concejo”.
“Este mismo procedimiento llevado a cabo para la plusvalía de la rotonda en cuestión, se repitió en todas y en cada uno de los desarrollos presentados, es decir que cada uno de los desarrollos aprobados por Concejo Deliberante, tuvieron su propia ordenanza específica, por lo tanto todos estaban sujetos a la norma que establece la LOM (Ley Orgánica Municipal)”, siguieron en el documento.
“En cuanto a la supuesta ‘irregularidad’ de los desarrollos que originaron el esquema de plusvalía, es fundamental aclarar que, una vez aprobada la ordenanza, los emprendedores iniciaron los trámites para obtener los servicios públicos, cumpliendo con todas las exigencias legales presentando solicitudes formales ante EDELAP, CAMUZZI, ABSA y COOPERATIVAS DE SERVICIOS, organismos provinciales responsables de la factibilidad y prestación de los servicios esenciales. En consecuencia, estos desarrollos no pueden ser considerados ilegales. La regularización de los lotes, la conexión a los servicios y el pago de impuestos confirman que esos barrios cumplieron con toda la tramitación que marca la norma a nivel municipal”, explicaron en otro pasaje.
“Los desarrollos ilegales que nosotros detectamos, constan en los registros municipales, mediante actas contravencionales y acciones legales, ya que dichos ‘barrios’ se constituían en suelo rural, sin ordenanzas municipales ni inicios de expedientes, ni pre factibilidades de servicios”, señalaron también.
“Siempre denunciamos públicamente la venta de lotes de barrios ilegales. Realizamos operativos y fiscalización entre todas las áreas. Los mapeos, informes, relevamientos, actas, etc. Constan en las oficinas técnicas. Todos los expedientes se sometían a información pública (aunque según el código de planeamiento vigente no era obligatorio). Si la actual gestión considera que los barrios que se están desarrollando, bajo ordenanzas municipales sancionadas en el Concejo Deliberante, son ilegales, ¿Por qué les liquida y cobra el tributo de plusvalía urbana?”, apuntaron en el cierre del documento.
