Este martes se aprobó una parte del nuevo ordenamiento territorial de La Plata impulsado por el ejecutivo local pero que contó con aportes fundamentales del PRO.
“Hoy aprobamos el Código de Ordenamiento Territorial. Una ordenanza clave para el futuro de nuestra ciudad. Este logro fue posible gracias al trabajo junto a varios bloques, con responsabilidad, compromiso y seriedad para brindar nuestros aportes e ideas”, indicó Juan Martínez Garmendia, presidente del bloque del PRO.
“Lo dijimos el domingo y lo volvemos a remarcar: la ciudad necesita más orden y por eso esta aprobación es tan importante y valiosa para todos los platenses”, agregó.
Existieron dos aportes fundamentales. Uno de ellos está vinculado a la situación de las villas y asentamientos precarios que se encuentran en zonas inundables.
“Encomiéndese al Departamento Ejecutivo, con plazo hasta el 30 de septiembre de 2025, la elaboración y el envío al Honorable Concejo Deliberante de un proyecto de ordenanza que implemente un programa para la integración socio urbanística y/o relocalización de casos críticos de villas y asentamientos precarios en zonas especiales por peligrosidad de inundación, en el marco del Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial”, fue el artículo 16 que pudo colar el PRO en la discusión.
“Dicho programa estará destinado a garantizar las condiciones de seguridad, equidad territorial y sostenibilidad en las áreas declaradas de peligrosidad alta o media por inundación, conforme al artículo 14 y 15 de la presente Ordenanza y a los mapas oficiales del Plan de Reducción de Riesgo por Inundaciones”, agrega el mismo artículo.
Y completa: “El programa deberá contar como mínimo con las modalidades de intervención, criterios de relocalización e instancias de participación y control ciudadano”.
Cabe resaltar que la iniciativa hace una distinción de dos niveles de peligrosidad:
a) Peligrosidad Alta: En los sectores no ocupados, se prohíbe la edificación, el desarrollo de obras, la implantación de forestaciones y toda intervención que genere obstáculos al escurrimiento del agua, salvo aquellas expresamente autorizadas por la Autoridad del Agua (ADA), destinadas a garantizar su adecuado flujo. En los sectores ya ocupados y consolidados, deberán aplicarse estrategias específicas de mitigación y adaptación orientadas a reducir la exposición y la vulnerabilidad al riesgo.
b) Peligrosidad Media: Se establecen restricciones al uso, ocupación y subdivisión del suelo. En los sectores ya consolidados, deberán implementarse medidas de mitigación y adaptación correspondientes al grado de peligrosidad determinado.
Por su parte, otro aporte del PRO estuvo vinculado a una mejor conceptualización del cordón frutihortícola de La Plata.
“El ordenamiento territorial deberá respetar las identidades territoriales y los valores paisajísticos, asegurando la preservación y recuperación de los grandes componentes ambientales, con especial énfasis en la protección del cinturón frutihortícola. Estas directrices orientarán la planificación territorial, garantizando un desarrollo equilibrado y sostenible”, se señala en uno de los artículos.
Luego se agrega que “se establece la preservación y consolidación del modelo territorial del Partido de La Plata, garantizando la protección y gestión sostenible de sus áreas naturales de alto valor ambiental y paisajístico. A tal efecto, se reconoce un anillo perimetral de alta potencialidad ambiental conformado por: el Parque Pereyra Iraola, como límite estratégico de contención del crecimiento urbano en el sector norte; los bañados de Maldonado, cuya postulación como área de preservación deberá promoverse mediante un acuerdo interjurisdiccional; la cuenca del arroyo El Pescado, ya reconocida como espacio de conservación; el cinturón frutihortícola y el área rural”.
El bloque comandado por Garmendia, sin embargo, logró que se incluya una especificación sobre el alcanza del cinturón frutihortícola: “Se reconoce su valor como área abierta de uso productivo, con funciones estratégicas en la provisión de alimentos y en la configuración del paisaje rural identitario. Dadas las problemáticas socio ambientales vinculadas a los actuales modelos productivos, su protección deberá articularse mediante estrategias integrales de ordenamiento territorial, regularización dominial, gestión integral del recurso hídrico, mitigación de la contaminación y fortalecimiento de su función ecológica, social y económica”.