La Cámara de Diputados se prepara para retomar un debate crucial y complejo: la modificación del régimen penal juvenil. Este martes, diversas comisiones se reunirán nuevamente para analizar los proyectos que buscan alterar la edad de imputabilidad en Argentina. El oficialismo insiste en su propuesta de establecerla en los trece años, una iniciativa que, si bien generó numerosas discusiones, aún no ha logrado el consenso necesario para avanzar hacia un dictamen.
El Gobierno nacional formalizó su postura en julio del año anterior, elevando al Congreso un proyecto que pretende fijar la responsabilidad penal a partir de los trece años. Esta propuesta busca reformar la legislación vigente, que actualmente establece la edad de imputabilidad en los dieciséis años. Sin embargo, esta intención del oficialismo se encontró con la resistencia de bloques aliados y una firme oposición de sectores más intransigentes, lo que impidió su avance en las comisiones legislativas.
Dentro de la oposición dialoguista existe un acuerdo general en ampliar el alcance de la punibilidad juvenil, aunque persisten diferencias significativas en cuanto a la edad precisa y, en algunos casos, a la gravedad de los delitos considerados. Un sector mayoritario se inclina por establecer la imputabilidad a partir de los catorce años.
Por otro lado, el peronismo mayoritario se mantiene firme en su postura de no reducir la edad de imputabilidad, abogando por mantenerla en los dieciséis años. Un proyecto presentado por diputados de Unión por la Patria establece que los mayores de dieciséis años solo sean punibles por delitos graves con penas privativas de la libertad superiores a los tres años. No obstante, esta postura no es unánime dentro del bloque, ya que diputados del Frente Renovador se inclinan por establecer la imputabilidad a partir de los catorce años.
El encuentro de comisiones de este martes se presenta como un nuevo intento por encontrar puntos en común y avanzar en la discusión sobre un tema tan sensible. Las diferentes posturas entre el oficialismo, la oposición dialoguista y el peronismo evidencian la complejidad de la cuestión, donde la búsqueda de un equilibrio entre la protección de los jóvenes y la necesidad de abordar la delincuencia juvenil sigue siendo el principal desafío para los legisladores.
