El gobierno nacional, a través de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) derogó 23 resoluciones generales que imponían requisitos de intervención de entidades privadas, como cámaras, federaciones y asociaciones sectoriales, durante las verificaciones físicas de mercaderías importadas.
Esta decisión, formalizada a través de la Resolución General N° 5693/2025, busca agilizar los procesos en la Aduana y se alinea con reclamos específicos de Estados Unidos en el marco de negociaciones bilaterales.
La normativa, firmada por el titular de Arca, Juan Alberto Pazo, y publicada en el Boletín Oficial, deja sin efecto un conjunto de disposiciones que databan de fines de los años noventa (entre 1998 y 1999). Estas normas exigían la presencia de representantes del sector privado en las inspecciones físicas que se realizaban cuando la mercadería era seleccionada para “canal rojo” dentro del Sistema Informático MALVINA (SIM).
Desde el Gobierno, explicaron que esta iniciativa "ayuda al proceso de liberar el comercio" y forma parte del esfuerzo de simplificación y desburocratización.
Arca argumentó que el esquema derogado resultaba poco efectivo debido a la baja concurrencia de las entidades observadoras. Además, su implementación requería una planificación anticipada que generaba demoras operativas y costos adicionales tanto para el Estado como para los operadores privados.
Este movimiento se da en un contexto de renovadas gestiones bilaterales con Estados Unidos, luego de que ese país aplicara un arancel del 10% a las importaciones argentinas.
El Gobierno busca mecanismos para mejorar el acceso de productos nacionales al mercado estadounidense, y Washington ha señalado que una reducción de aranceles podría concretarse si Argentina avanza en una agenda de previsibilidad normativa, simplificación administrativa y acceso equitativo al mercado. Decisiones como la de ARCA son vistas como señales de avance en esta hoja de ruta.
