El Gobierno nacional echará a los empleados públicos que no aprobaron el examen de idoneidad implementado desde el año pasado

Así lo informó el Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, a cargo de Federico Sturzenegger. La nueva normativa estará vigente a partir del 1 de julio de 2025
País 15/05/2025 . Hora: 10:34
El Gobierno nacional echará a los empleados públicos que no aprobaron el examen de idoneidad implementado desde el año pasado

Este jueves desde la cartera que dirige Federico Sturzeneger, el gobierno nacional oficializó en el Boletín Oficial que los empleados públicos que no aprobaron la prueba de idoneidad implementada desde el 2024 serán desvinculados de sus cargos a partir del segundo semestre del 2025.

En este marco, la normativa forma parte de la Resolución 48/2025 y remarca que los empleados que desaprobaron ya no podrán ser contratados como funcionarios y/o colaboradores.

Es preciso mencionar que, el 1º artículo del documento sostiene: "Establécese que, a partir del 1° de julio de 2025, los sujetos comprendidos en los incisos a) y c) del artículo 8° de la Ley N° 24.156 solo podrán contratar y/o efectuar renovaciones en los términos del artículo 93 de la Ley N° 20.744 al personal que hubiera aprobado la Evaluación General de Conocimientos y Competencias en los términos de la Resolución de la Secretaría de Transformación del Estado y Función Pública N° 26/24”.

Asimismo, la normativa busca alinear las contrataciones con un “estándar de competencias”, con el objetivo que tiene el gobierno de Javier Milei de optimizar el funcionamiento y la transformación del Estado.

REINO DE LOS CHOCOLATES

En diciembre del año pasado, 40.000 trabajadores debieron rendir examen que sirve para que el Estado pueda asegurar que los empleados están debidamente cualificados para cumplir con las funciones propias de su cargo.

La medida rige para la totalidad del sector público, comprendido por los funcionarios de la administración nacional y sus organismos descentralizados; las empresas y sociedades del Estado; las sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria y las sociedades de economía mixta; los entes públicos que cuenten con autarquía financiera, personalidad jurídica y patrimonio propio; y los fondos fiduciarios.

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