Italia dio un paso clave hacia la modificación de su histórica ley de ciudadanía por descendencia. El Senado aprobó con 81 votos a favor y 37 en contra una iniciativa que restringe el acceso a la nacionalidad italiana para los descendientes nacidos en el extranjero, una medida que, de avanzar en la Cámara de Diputados, afectará especialmente a países como Argentina y Brasil.
El ministro de Exteriores, Antonio Tajani, impulsor del proyecto, explicó que el objetivo es limitar la "comercialización" de la ciudadanía y reducir la sobrecarga de solicitudes en los consulados. “Este resultado es muy importante porque la medida pretende devolver dignidad y significado a un derecho que debe estar basado en un vínculo verdadero con el país, no solo burocrático sino también cultural”, expresó.
Entre los principales cambios, la reforma establece que solo podrán obtener automáticamente la ciudadanía los descendientes directos hasta la segunda generación (padres o abuelos nacidos en Italia). Además, quienes ya posean la nacionalidad deberán ejercer al menos un derecho o deber cívico en un plazo de 25 años para conservarla.
En paralelo, se modificará el mecanismo para gestionar los trámites: ya no podrán iniciarse en los consulados italianos, colapsados por la demanda, sino a través de organismos centrales del Ministerio de Exteriores. El Gobierno busca así centralizar el sistema y evitar demoras que hoy afectan a miles de solicitantes.
El debate no es menor en Sudamérica. Solo en Argentina, los pedidos de ciudadanía pasaron de 20.000 en 2023 a 30.000 en 2024. Tajani aseguró que los italianos residentes en el extranjero crecieron un 40 % en la última década, y que la ley busca frenar un fenómeno que según sus palabras, ya no responde al espíritu original del derecho a la nacionalidad.
