Este martes, el Gobierno nacional disolvió por decreto la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), creada para recabar información sobre el caso $LIBRA. La medida fue oficializada mediante el decreto 332/2025, firmado por el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
La UTI había sido conformada el pasado 19 de febrero, apenas cinco días después de que se destapara el escándalo vinculado a la criptomoneda. Su función era recolectar información sobre el criptoactivo y colaborar con el Poder Judicial y el Ministerio Público Fiscal.
Durante sus tres meses de funcionamiento, la unidad dependió de la Unidad Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y recopiló datos de organismos clave como la UIF, la CNV, el Banco Central, Casa Militar, Migraciones, Secretaría Legal y Técnica, y el área de Karina Milei, entre otros.
Según argumentó el Ejecutivo, la disolución responde a que la UTI ya presentó un informe al Ministerio Público Fiscal y, por lo tanto, su tarea está concluida. Sin embargo, la medida generó críticas en la oposición, que impulsa una comisión investigadora en Diputados.
El intento de crear esa comisión también fue trabado. Una maniobra de Martín Menem, presidente de la Cámara, dividió a los bloques aliados y provocó un empate en la votación para definir las autoridades: 14 a 14. Así, la investigación legislativa también quedó en suspenso.
