En respuesta a publicaciones que señalaban un supuesto uso de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) para espiar a opositores y periodistas, la Oficina del Presidente emitió un comunicado negando tales afirmaciones. El documento sostiene que el gobierno de Javier Milei "ordenó reconstruir el Sistema de Inteligencia Nacional, destruido por las anteriores administraciones", y enfatiza que es "el primer gobierno en décadas" en tomar la decisión política de no utilizar la SIDE con fines de persecución política.
El comunicado también aclara que el Plan de Inteligencia Nacional es un documento secreto, accesible únicamente al Presidente, la Secretaría de Inteligencia y la Comisión Bicameral Permanente de Fiscalización de los Organismos de Inteligencia del Congreso.
Esta declaración se produce en medio de críticas por parte de sectores opositores, como las expresadas por el senador Martín Lousteau, quien denunció indicios de que los servicios de inteligencia están siendo utilizados para perseguir periodistas y opositores.
La controversia se intensificó tras la aprobación de un Decreto de Necesidad y Urgencia que asignó $100.000 millones a la SIDE, generando preocupaciones sobre el uso de estos fondos. En este contexto, la diputada Myriam Bregman expresó que "si se quiere investigar grandes hechos delictivos, hay que investigar a la SIDE, no darle fondos".
La situación refleja un clima de tensión entre el oficialismo y la oposición respecto al papel de los servicios de inteligencia y su impacto en la democracia y la libertad de prensa en Argentina.