Con el avance del comercio electrónico, aumentaron también las quejas de consumidores que no reciben información suficiente sobre los productos que compran por internet. Frente a esa problemática, un nuevo proyecto de ley presentado en la Legislatura bonaerense plantea que las descripciones de los productos en entornos digitales incluyan la misma información que figura en el envase físico.
La propuesta fue presentada el 27 de mayo de 2025 por la senadora Gabriela Demaría, con coautoría de el senador Adrián Carlos Santarelli (ambos de Unión por la Patria). Alcanza a todos los proveedores que comercialicen productos a consumidores finales a través de sitios web, apps o redes sociales, siempre que la entrega se realice dentro del territorio bonaerense. El proyecto de ley establece que los datos deben ser accesibles, claros y visibles antes de que se confirme la compra.
Según el objeto de la iniciativa, la ley busca "garantizar que la información brindada sobre productos comercializados a través de plataformas o entornos digitales [...] sea completa, cierta, detallada y equivalente a la que se ofrece o se encuentra disponible en los productos físicos".
Entre sus fundamentos, el proyecto de ley señala que su finalidad es proteger al consumidor, evitar omisiones relevantes, garantizar la equidad entre el comercio tradicional y el digital, y promover la transparencia en las transacciones electrónicas.
La norma establece que los productos deberán incluir al menos los mismos datos que figuran en sus etiquetas físicas: composición, origen, características esenciales, advertencias, instrucciones de uso, y fecha de vencimiento. En el caso de productos perecederos, si están próximos a caducar (menos de cinco días), se deberá advertirlo de forma destacada antes de concretar la compra.
En La Plata y otras ciudades con gran volumen de compras online, la medida podría representar un cambio significativo en la experiencia del consumidor. El objetivo es reducir las devoluciones, prevenir riesgos sanitarios y aumentar la transparencia en las ventas digitales.
Además, el proyecto dispone que los comercios deberán asegurar que la información esté disponible para personas con discapacidad, siguiendo estándares de accesibilidad web. La presentación podrá hacerse mediante texto, imágenes legibles o enlaces directos, siempre que sean de fácil acceso.
La iniciativa establece que los proveedores tendrán 180 días para adaptar sus sitios una vez que se publique la reglamentación. La autoridad de aplicación quedará a cargo del Poder Ejecutivo, que también deberá fijar las sanciones, realizar controles y promover campañas informativas. También se invita a los municipios a colaborar en la fiscalización.
El expediente fue girado para su tratamiento a las comisiones de Defensa de las Personas Usuarias y Consumidoras; Comercio Interior, Pequeña y Mediana Empresa y Turismo; y Legislación General.
