La caída en la inversión estatal en infraestructura en Argentina se volvió una preocupación central en el Congreso. En ese contexto, el senador salteño Sergio Leavy (Unión por la Patria) impulsa una iniciativa legislativa que busca reactivar la obra pública vial, canalizando parte de los fondos del Impuesto sobre los Combustibles Líquidos hacia los gobiernos provinciales. El proyecto apunta a contrarrestar el fuerte ajuste en la ejecución de obras viales, agravado en los últimos meses.
Según datos de la Fundación Mediterránea, la inversión pública en infraestructura pasó del 2,4% del PBI en 2015 al 1,3% en 2024. Leavy advirtió que esta baja se traduce en rutas abandonadas, deterioro de la red vial y pérdida de empleo en el sector de la construcción. Por eso, propuso modificar el artículo 19 de la Ley 23.966, de modo que parte de los recursos actualmente destinados a Vialidad Nacional e infraestructura hídrica se giren directamente a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
El proyecto sugiere que el 13,54% del impuesto que hoy va a Vialidad Nacional y el 4,31% que corresponde al Fondo de Infraestructura Hídrica se asignen a los distritos provinciales, para que puedan encarar obras de pavimentación, mantenimiento y reparación de rutas nacionales en sus territorios. “Hay una necesidad urgente de federalizar los recursos para infraestructura”, argumentó Leavy durante su exposición en el Senado.
Uno de los puntos que más preocupa al senador es la falta de ejecución del Fideicomiso de Infraestructura de Transporte. De los más de 618 mil millones de pesos que debían ser transferidos al fondo en 2024, apenas se enviaron 107 mil millones, según datos oficiales. “Por cada peso que no se invierte en mantenimiento, luego hay que gastar 5,5 veces más en obras de rehabilitación”, afirmó el legislador, cuestionando la falta de transparencia en el uso de esos recursos.
El proyecto de Leavy cuenta con el respaldo de varios integrantes del bloque de Unión por la Patria y busca abrir el debate sobre el rol del Estado nacional en la distribución de recursos para obras estratégicas. En medio de un contexto económico crítico y una fuerte reducción de la obra pública por parte del Gobierno, el Senado vuelve a poner en agenda la necesidad de sostener la infraestructura como motor del desarrollo federal.