Este martes 3 de julio a las 16 horas, organizaciones sociales y políticas marcharán hacia los Tribunales Federales para manifestarse un año más contra la violencia de género a diez años desde la primera manifestación de Ni una menos. Este año, la consigna será protestar "contra la crueldad, el odio y el ajuste".
Previo a la concentración en la plaza céntrica, se hará un pañuelazo en el edificio del Rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, en calle 7 entre 46 y 47, a las 14 horas.
En este contexto, el Observatorio Nacional Mujeres, Disidencias, Derechos de Mujeres de la Matria Latinoamericana (MuMaLá) alertó que una mujer o persona trans fue asesinada cada 33 horas. "Detrás de cada caso hay una vida truncada, una familia devastada y un Estado ausente", denunció.
La cifra surge del registro efectuado por el organismo que revela que desde el 1 de junio de 2015 hasta el 30 de mayo de 2025 se cometieron 2.589 femicidios, femicidios vinculados y trans/travesticidios en todo el país.
El 86% de los casos fueron femicidios directos, lo que generó que un total de 2.788 niñas, niños y adolescentes perdieran a sus madres. Asimismo, el 7% de los femicidios vinculados fueron varones o niños, el 4%, mujeres o niñas y el 3%, trans y travesticidios.
Además, una gran cifra de los crímenes ocurrieron en contextos domésticos, ya que el análisis arrojó que el 64% de los femicidios ocurrieron dentro del hogar de la víctima.
Las edades de las mismas rondaban entre 19 y 40 años. Sin embargo, la violencia de género llegó a todas las franjas etarias, ya que también fueron asesinadas 270 mujeres mayores de 60 años y 166 niñas y menores de 12 años.
En este marco, fue llamativa la baja cantidad de denuncias realizadas por las víctimas previamente a su asesinato. Sólo un 17% había podido notificar a la Justicia las condiciones de violencia machista que enfrentaba, lo cual se interpretó como una grave falla del Estado para detectar y acompañar a las personas en dicha situación.
De quienes habían denunciado, el 54 % habían obtenido una orden de restricción y solamente al 10% se le concedió un dispositivo electrónico de alerta.
