El Gobierno Nacional, a través del Decreto 382/2025 publicado este jueves en el Boletín Oficial, concretó la designación de los integrantes del Consejo de Mayo, un órgano creado por el Presidente Javier Milei tras la firma de un acuerdo con gobernadores el 9 de julio de 2024.
La medida busca en poner en funcionamiento del Consejo creado para debatir y elaborar propuestas legislativas y administrativas que materialicen los lineamientos del Pacto, tras la sanción de las leyes de Bases y del paquete fiscal, que el propio Presidente había definido como condiciones necesarias para su entrada en vigencia.
El Consejo de Mayo estará conformado por seis consejeros y un presidente, que será el titular de la Jefatura de Gabinete de Ministros, Guillermo Francos. Los seis consejeros representarán al Poder Ejecutivo, a las provincias firmantes, al Senado y a la Cámara de Diputados, a las organizaciones sindicales y entidades gremiales empresarias.
En representación del Poder Ejecutivo ya había sido designado el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger. En cuanto al resto de los consejeros, por las provincias fue designado el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo; en representación del Senado, fue designada la senadora por Santa Fe, Carolina Losada.
Por otro lado, por la Cámara de Diputados, se designó al diputado por la provincia de Buenos Aires, Cristian Ritondo; por las organizaciones sindicales, el designado fue el secretario general de la UOCRA, Gerardo Martínez; y por las entidades gremiales empresarias, el presidente de la UIA, Martín Rappallini.
Por su parte, a través de la disposición, que lleva las firmas del presidente Javier Milei y del ministro del Interior, Guillermo Francos, se confirmó la creación de una Secretaría Técnica para el funcionamiento del organismo, que organizará las reuniones y asistirá al Presidente del Consejo. En ese sentido, se designó como titular de ese cargo, también “ad honorem”, la licenciada María Cecilia Domínguez Diacoluca.
El organismo será clave para “posibilitar la generación de acuerdos intersectoriales” que contribuyan a la “reconstrucción económica y social de la República Argentina”, en línea con los objetivos planteados por las Leyes N.º 27.742 (Bases) y N.º 27.743 (Medidas Fiscales).
Asimismo, aclararon que tanto los consejeros como la secretaria técnica no percibirán remuneración alguna, por lo que la medida “no implica erogación para el Estado nacional”.