El Grupo de Puebla, compuesto por referentes progresistas de América Latina, expresó su alarma frente al avance de un posible fallo adverso hacia la expresidenta, Cristina Fernández de Kirchner, en el marco de la causa Vialidad.
Según fuentes internas, la organización observa con “profunda preocupación” la posibilidad de que una condena firme y la consecuente inhabilitación terminen coartando la participación política de Cristina, en lo que califican como un regreso de “proscripciones inocentes”.
"La denominada Causa Vialidad es una denuncia promovida por el gobierno de Mauricio Macri, para perseguir por razones políticas y condenar a una persona inocente, con ausencia total de pruebas directas, e incluso indiciarias, con una violación absoluta de los más elementales principios constitucionales como el que prohíbe juzgar el mismo hecho dos veces (ne bis in ídem), con peritajes forzados, mediando vínculos directos entre quienes debían dictar justicia y el propio ex presidente Macri", manifestaron a través de un comunicado.
En noviembre pasado, el grupo ya había rechazado públicamente el fallo de la Cámara de Casación que confirmó la condena contra Cristina a seis años de prisión e inhabilitación perpetua. Ahora, advierten que la Corte Suprema podría derribar los pocos escollos restantes y establecer una sentencia definitiva antes del cierre de listas electorales.
El Grupo de Puebla anticipa que, en caso de confirmarse la condena, no se trataría sólo de un fallo judicial: implicaría una explícita “proscribción política” de la figura central de la oposición, lo que a su juicio vulnera principios democráticos fundamentales. En ese sentido, reivindican la necesidad de un marco institucional que impida el uso de la justicia como arma para silenciar voces políticas legítimas.
Luego consideraron que el objetivo de expulsar a Cristina de la política "obedece al miedo de determinados sectores a que ella ratifique su liderazgo en las urnas y siga protagonizando la vida política argentina".
"La sentencia, caso de pronunciarse en el sentido publicado, no es solo contra CFK sino contra el peronismo en Argentina, buscando el disciplinamiento de los y las militantes y funcionarios/as que promuevan una mejora de la calidad de vida de los argentinos y puede determinar una alteración grave del equilibrio entre poderes y afectación de la democracia argentina", remarcaron.
Por último, realizaron una convocatoria a la comunidad internacional para seguir con especial atención la situación "en la que se descubre, una vez más, una sospechosa conexión entre parte del Poder Judicial y parte de las corporaciones mediáticas que atacan la democracia y aniquilan la posibilidad de Justicia Social".
"Es evidente que se condena a una persona inocente violando el ´debido proceso´ propio de un Estado de Derecho. ¡Exigimos Justicia!", completaron.
El documento lleva la firma de importantes juristas y referentes de la política latinoamericana y europea como: José Luis Rodríguez Zapatero, ex Presidente del gobierno de España; Rafael Correa, ex Presidente de Ecuador; Ernesto Samper Pizano, ex Presidente de Colombia; Baltasar Garzón, Jurista español; Marco Enríquez-Ominami, ex candidato presidencial y coordinador del Grupo de Puebla, Chile; Carol Proner, jurista de Brasil; Eduardo Valdés, Diputado Nacional, Argentina; Oriol Junqueras, presidente de Esquerra Republicana; Andrés Arauz, ex Ministro y ex candidato presidencial, Ecuador; Clara López, Senadora de Colombia; Irene Montero, ex Ministra de igualdad y Diputada del Parlamento Europeo, España; entre otros.
