Las calles de Los Ángeles fueron escenario de intensas protestas luego de que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) llevaran a cabo redadas en barrios como Paramount y Compton, resultando en más de 100 detenciones de inmigrantes indocumentados. Los manifestantes, en su mayoría de la comunidad latina, respondieron arrojando piedras y prendiendo fuego a vehículos, mientras que las fuerzas del orden utilizaron gas lacrimógeno para dispersar a la multitud.
Ante la escalada de violencia, el presidente Donald Trump firmó un memorando ordenando el despliegue de 2.000 efectivos de la Guardia Nacional para restaurar el orden. En su comunicado, Trump afirmó que la intervención federal era necesaria debido a la "incapacidad" de las autoridades locales para controlar la situación. Además, advirtió que, de persistir los disturbios, se movilizarían marines en servicio activo desde Camp Pendleton.
Sin embargo, la medida fue duramente criticada por el gobernador de California, Gavin Newsom, quien calificó el despliegue como "deliberadamente incendiario" y advirtió que solo "escalará las tensiones". Por su parte, la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, expresó su apoyo a las autoridades locales y destacó que, hasta el momento, la Guardia Nacional no había sido desplegada en la ciudad.
Las protestas reflejan un creciente descontento con las políticas migratorias de la administración Trump, que han intensificado las redadas y deportaciones en diversas ciudades del país. Organizaciones defensoras de los derechos de los inmigrantes han denunciado el uso excesivo de la fuerza y la criminalización de comunidades vulnerables.
Este conflicto marca un punto álgido en la relación entre el gobierno federal y las autoridades locales de California, poniendo de manifiesto las profundas divisiones políticas y sociales en torno a la cuestión migratoria en Estados Unidos.
