Este marte la Justicia Federal procesó al presidente del Club Universitario de La Plata y actual presidente del Concejo Deliberante local, Marcello Galland, por el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social de los empleados de la entidad, por omisión de los aportes patronales, y ratificó un embargo de $20 millones sobre su patrimonio, sin prisión preventiva.
En la resolución firmada por el Juez Federal Ernesto Kreplak, se lo sobreseyó, no obstante, del mismo delito que se le imputaba con relación al período junio-diciembre de 2019, cuando asumió la gestión un órgano fiduciario de administración del Club.
En ese marco, la justicia determinó que, habiendo asumido la presidencia del Club en 2014, recaía sobre su persona la obligación de responder por el reclamo de los trabajadores del club a quienes la entidad les realizó la retención de aportes, sin la correspondiente acreditación de los mismos.
En ese momento el propio Galland reconoció la omisión de dicha responsabilidad, alegando que el club, “no contaba con los fondos para afrontar el depósito correspondiente al pago de la seguridad social ni del resto de las obligaciones”.
“Recordó que al asumir su cargo, la institución no podía ni siquiera pagar los sueldos de los empleados, a los que se les pagaba en cuotas a medida que se generaban ingresos”, agrega la resolución.
A su vez, detalla que Galland “explicó que en los años 90, el club tenía aproximadamente 18.000 socios, número que fue decayendo con el correr de los años. Tanto así que, cuando comenzó su gestión, había tan solo 2.500 socios pero la institución conservaba la infraestructura para dar servicio al mayor número mencionado”.
También, menciona que “entre 2015 y 2018 redujeron la planta de trabajadores al 50% sin realizar despidos y que, de ese modo, se redujo también el déficit operativo”.
“Puntualmente, refirió que en diciembre de 2018 mediante una asamblea extraordinaria, se votó y aprobó el ingreso a la ley de salvataje de entidades deportivas”.
En ese sentido, agrega que a partir de ese ingreso, se generó “una administración conjunta a través de un fideicomiso de administración judicial, en donde la responsabilidad sobre el patrimonio de la institución recae sobre el fideicomiso”.
Con esa declaración y el resto de la documentación reunida en autos, la justicia determinó que “el conocimiento respecto de sus obligaciones y de la deuda que la entidad registraba ante la AFIP resulta innegable”
“Todo lo expuesto lleva a concluir con el grado de probabilidad que la instancia requiere, que los aportes destinados a la seguridad social de los empleados del Club Universitario de La Plata, correspondiente a los períodos de mayo a diciembre de 2017; de enero a diciembre de 2018 y de enero a mayo de 2019, debían ser retenidos y luego depósitos por Galland, los cuales, a la fecha, aún se encuentran pendientes de cancelación”, asegura la resolución judicial.
Luego, la resolución alega que Galland “actuó de forma dolosa toda vez que -dada su condición de presidente y profesional universitario- no podía desconocer las obligaciones previsionales a su cargo”.
“Tenía conocimiento de la situación de retención de aportes; sabía que tenía capacidad para depositarlos; tenía conocimiento de la ausencia del pago de los mismos por haber recibido intimaciones y notificaciones por parte de la AFIP y por haberse adherido a planes de pagos que hoy se encuentran caducos; entre otros”.
Bajo ese argumento, la Justicia federal dictó este martes el procesamiento de Marcello Galland, y trabó un embargo por $ 20 millones y lo intimó al pago de dicha cifra, bajo apercibimiento de “disponer la inhibición general de bienes” contra su persona.
Finalmente, la justicia desestimó en esta instancia dicta la prisión preventiva del actual titular del Concejo Deliberante platense, porque “no se advierte que exista riesgo de que el nombrado intente eludir el accionar de la justicia, ni que en virtud de la naturaleza del delito que se le reprocha, pueda realizar acción alguna que entorpezca el curso de la presente investigación”
El Club Universitario de La Plata, habría retenido los aportes de sus empleados en relación de dependencia destinados al Régimen Nacional de la Seguridad Social, y no los habría depositado pasados los 10 días hábiles posteriores al vencimiento del plazo legal conferido para ello