Este jueves se publicó el Decreto 446/2025 en el Boletín Oficial y dispuso cambios en la ley que regula la distribución de Gas Natural Licuado (GLP) en el país. Mediante la norma, el Gobierno limitó la intervención estatal en la regulación del precio y la oferta y demanda del recurso.
Se trata de modificaciones en la Ley 26.020 que impactarán principalmente a productores, fraccionadores, distribuidores, comercializadores y consumidores residenciales, en especial, a aquellos con menor capacidad adquisitiva y sin acceso a gas natural por red.
Tras la retirada del Estado de las cuestiones de comercialización del gas natural, las mismas estarán "regidas por el funcionamiento libre y competitivo del mercado, que constituye el mecanismo más eficiente para asignar recursos y promover el desarrollo del sector", según indica el decreto.
Asimismo, el texto establece que "se podrán instalar nuevas plantas o ampliarse las existentes sin otro requisito más que el cumplimiento de la presente ley y su reglamentación".
En tanto, el Estado sólo se encargará de las cuestiones referidas a la seguridad pública mediante la Secretaría de Energía del Ministerio de Economía. De esta forma, "verificará la veracidad y el cumplimiento de la información y documentación aportada al momento de la presentación de la documentación e indicará las subsanaciones que correspondan dentro de un plazo de diez días hábiles contados desde su presentación".
Además, el organismo podrá delegar funciones de fiscalización y control técnico en organismos públicos o privados, así como en provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
También se estableció que "los fraccionadores podrán envasar GLP de cualquier productor, comercializador o importador con el solo cumplimiento de la normativa aplicable a la actividad, pudiendo hacerlo para más de una marca o leyenda". A partir de ahora, "el envasado de GLP en envases que no sean de su marca o leyenda podrá ser acordado libremente entre fraccionadores mediante contratos bilaterales".
La importación del compuesto se autorizó sin otro requisito que el cumplimiento de la normativa vigente y sin necesidad de aprobación previa, siempre que se garantice el abastecimiento interno. El Estado tendrá siete días para objetar cualquier solicitud de exportación, mientras que el silencio será tomado como expresión de aprobación.
