La oposición en el Senado intentará este miércoles marcarle la cancha al Gobierno nacional con una jugada parlamentaria que apunta directamente al corazón del ajuste fiscal que impulsa Javier Milei.
A partir de las 14, si es que se consigue el quórum para sesionar, los bloques opositores buscarán avanzar con al menos siete proyectos que tienen impacto directo en las cuentas públicas y que el propio presidente ya anticipó que vetará si se convierten en ley.
Es preciso mencionar que, la iniciativa fue anunciada por José Mayans, jefe del bloque de Unión por la Patria, junto a otros presidentes de bancada.
Previamente, a las 10 de la mañana, mantendrán una reunión para coordinar la sesión y confirmar la cantidad exacta de legisladores presentes y según anticiparon, el número para abrir el recinto está asegurado gracias a los 34 senadores de UxP, acompañados por Martín Lousteau y Pablo Blanco (UCR), y Guadalupe Tagliaferri (PRO).
Entre las iniciativas más relevantes se encuentran los proyectos con media sanción de Diputados que podrían transformarse hoy en ley: el aumento de haberes para jubilados y pensionados, un incremento del bono para las jubilaciones mínimas (de $70.000 a $110.000) y la declaración de Emergencia en Discapacidad, que también contempla subas en las pensiones vinculadas.
Asimismo, habrá otro bloque de propuestas impulsadas por gobernadores y respaldadas por senadores de diversas fuerzas, como Juliana Di Tullio (UxP), Fernando Salino (Convicción Federal), Eduardo Vischi y Lousteau (UCR), y Alfredo De Ángeli (PRO), entre otros.
Ese paquete incluye una reconfiguración del esquema de distribución de fondos: busca coparticipar los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y lo recaudado por el Impuesto a los Combustibles Líquidos, además de eliminar fideicomisos como el de Infraestructura de Transporte y el Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, creados en 2001.
También se plantea la disolución de otros fondos específicos, como el del Sistema Vial Integrado, el Fondo Compensador del Transporte, el Fondo Nacional de la Vivienda y el Fondo para el Desarrollo Eléctrico del Interior. La intención es que esos recursos se distribuyan con criterios más equitativos, bajo el régimen de Coparticipación Federal.
En caso de avanzar los proyectos, el presidente deberá decidir si cumple su promesa de veto y asume el costo político de rechazar mejoras para sectores vulnerables.