En un gesto hacia el presidente Javier Milei, el gobierno de Donald Trump anunció que apoyará formalmente el reclamo de Argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York en el complejo juicio por la expropiación de YPF por el que el país busca que no se utilicen acciones de la compañía en un eventual pago.
El Departamento de Justicia de EEUU. presentó el martes un escrito como amicus curiae (amigo del tribunal) apoyando a la defensa argentina en su reclamo de que se suspenda el fallo de la jueza Loretta Preska, que ordenó al Estado argentino a pagar 16.000 millones de dólares por el 51% de las acciones que quedaron en manos del Estado tras la expropiación de la empresa en 2012, durante la gestión de Cristina Kirchner.
Hubo dos presentaciones judiciales el martes: una firmada por David E. Farber y otra por Benjamin H Torrance, dos abogados que trabajan en la oficina del fiscal de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York. Se presentaron concretamente para un amicus curiae en apoyo a la Argentina, aunque aún no se argumentaron los motivos del respaldo, que se estima que serán presentados en un nuevo documento los próximos días.
Actualmente, la sentencia del caso YPF se encuentra suspendida de forma momentánea, mientras se desarrolla el proceso de apelación iniciado por el Estado argentino. La movida del Departamento de Justicia busca garantizar que esa suspensión se mantenga durante todo el proceso judicial.
Un abogado experto en el tema y que sigue el caso en Washington señaló que “la Corte no tiene ninguna obligación de prestar atención a uno u otro amicus curiae. Pero, por supuesto, si tenés al propio gobierno de Estados Unidos manifestando que apoya la postura argentina es un respaldo de peso”.
El experto resalta que Igualmente la Argentina ya tuvo un apoyo del Gobierno de Estados Unidos y aun así la jueza Preska terminó fallando contra el país.
Se refería concretamente a una presentación que el gobierno de Joe Biden hizo en octubre del año pasado, que le recomendaba a la jueza Preska que no tuviera en cuenta el pedido del fondo Burford de quedarse con las acciones de la empresa.
En aquel “amicus curiae”, presentado por el entonces fiscal para el Distrito Sur de Nueva York, David Williams, se argumentaba que si el Estado entregaba las acciones se violaría las normas de inmunidad soberana de ese país. Y le recomendó a Preska que rechace esa solicitud.
Un argumento similar se presentaría en este caso poque el Departamento de Justicia considera que la entrega forzosa de acciones de una empresa estratégica como YPF afecta principios de inmunidad soberana.
