Con eje en el interés superior del niño y en la Convención sobre los Derechos del Niño, el proyecto de ley de la ONG Infancia Compartida propone un nuevo paradigma para las familias separadas.
Es preciso mencionar que, su objetivo principal es asegurar que niñas, niños y adolescentes mantengan relaciones sanas y frecuentes con ambos progenitores y con su entorno afectivo, incluso después de una ruptura familiar.
En este marco, el texto está dividido en varios títulos y plantea derechos concretos que refuerzan esta idea. Entre ellos, se destacan el derecho a la identidad, incluyendo conocer y ser criados por sus progenitores, mantener vínculos con abuelos, hermanos (incluso adoptivos o afines) y referentes afectivos, y el derecho a crecer en contacto con ambos padres, con un trato regular, equitativo y sin interferencias.
También, incorpora el derecho a la identidad digital, prohibiendo que uno de los padres limite el acceso del niño a dispositivos, cuentas o contenidos vinculados a su vida cotidiana. A su vez, se garantiza el respeto por sus pertenencias personales, su centro de vida y su continuidad escolar, cultural y social.
Asimismo, el proyecto establece que los hijos deben ser escuchados en los procesos judiciales, tener participación activa en las decisiones que los involucran y recibir información clara, adaptada a su edad y madurez.
Para asegurar el cumplimiento de estos principios, el texto propone intervenciones judiciales rápidas y con perspectiva de niñez, con plazos concretos: un mes para efectivizar medidas y un máximo de 120 días para emitir resoluciones. Incluye también sanciones ante decisiones unilaterales, mudanzas inconsultas o salidas del país sin autorización judicial, y prevé la figura del coordinador parental en casos de alta conflictividad.
Desde el Estado, se contemplan campañas de concientización y la obligación de capacitar a jueces y fiscales en temáticas vinculadas a infancia. Además, se crea un Comité de Infancia Compartida que supervisará el cumplimiento de la ley y el accionar de los distintos actores involucrados.
Con este proyecto, se busca no solo proteger los derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también impulsar un cambio cultural que promueva la corresponsabilidad real y la protección de los vínculos afectivos más allá del vínculo conyugal. En palabras de su fundamentación, “se trata de garantizar que los niños crezcan en un entorno de amor, estabilidad y respeto”.
