Este miércoles, en medio de las tensiones fuera del Congreso, la cámara de Diputados aprobó ley de financiamiento universitario. El proyecto, presentado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), es similar a la que el presidente Javier Milei vetó el año pasado.
En ese marco, tiene como prioridad la recomposición de los salarios docentes y no docentes, como también mejorar fondos para gastos de funcionamiento y becas estudiantiles.
La iniciativa, que pasará al Senado, fue aprobada con 158 votos positivos, 75 negativos y 5 abstenciones.
Según el texto, el Poder Ejecutivo Nacional tendrá que actualizar los salarios de los docentes y no docentes de las universidades públicas desde el 1ro de diciembre de 2023 hasta la fecha de sanción de la ley, en un porcentaje que no podrá ser inferior a la inflación del mismo período. El aumento será remunerativo y bonificable, y deberá hacerse efectivo al mes siguiente de la publicación de la ley en el Boletín Oficial.
Además, en el transcurso del corriente año deberán incorporarse completas las sumas no remunerativas y no bonificables dentro de los básicos de la convención colectiva correspondiente.
Cabe mencionar que el Congreso dio un debate similar el año pasado. El 15 de agosto de 2024, la Cámara de Diputados aprobó el financiamiento para las universidades, y un mes más tarde en el Senado. Pero la ley fue vetada por el presidente Javier Milei.
Con el argumento de que la ley comprometía el equilibrio fiscal, el Gobierno logró blindar el veto con el apoyo de 85 diputados.
En ese entonces, la Oficina de Presupuesto del Congreso calculó un costo fiscal de 0,14% del PBI de la norma sancionada, que preveía que el Ejecutivo debía “actualizar las partidas presupuestarias del año 2024 a fin de garantizar el financiamiento de las universidades nacionales”.
