Este miércoles, el gobierno de la Provincia de Buenos Aires oficializó la creación del programa Mayores Bonaerenses Activos. A través de la Resolución 1479/25, y por iniciativa de la cartera que lidera Andrés Larroque, se propuso distribuir casi 195 millones de pesos solo este año entre municipios y entidades privadas que hagan actividades pensadas para adultos mayores.
Dicha iniciativa, surgida en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, busca “garantizar un proceso de envejecimiento activo y en condiciones dignas a personas mayores en situación de vulnerabilidad social”, según se afirmó desde el ministerio.
De esta manera, la Provincia va a otorgar subvenciones mensuales a las instituciones de la sociedad civil, entidades religiosas y municipios que brinden atención alimentaria y desarrollen actividades sociales o recreativas dirigidas a personas mayores de 60 años. La beca será de 40 mil pesos por cada adulto mayor y desde el Ministerio estiman que solo este año van a invertir $194.400.000.
Es preciso aclarar que los Centros para Personas Mayores alcanzados por esta iniciativa no tienen que tener carácter terapéutico ni de permanencia. Por el contrario, el programa busca potenciar a esos espacios comunitarios a los que asisten las personas mayores para hacer actividades de distintos tipos (lúdicas, recreativas, formativas, culturales y sociales).
Entre sus principales ejes, se encuentran la Promoción de salud y prevención; las actividades recreativas y culturales; la asistencia alimentaria y nutricional, y mejoras en accesibilidad y equipamiento
De hecho, para acceder a la beca de $40.000 mensuales las entidades deberán presentar una serie de documentos en donde se detalle las actividades que realiza y la nómina de personas beneficiadas. Superado este trámite, el Ministerio va a firmar un convenio de hasta 24 meses para poner en marcha la subvención.
Además, la implementación del programa se articula mediante convenios de cooperación técnica y financiera, tanto con municipios como con instituciones del tercer sector, lo que refuerza el vínculo entre las políticas públicas de cuidado y los actores territoriales. También, se establecen mecanismos de rendición de cuentas y formularios normalizados para garantizar el uso transparente de los recursos, como se detalla en los Anexos I a VII de la resolución.
