La jueza federal de San Martín, Martina Forns, decidió suspender por seis meses la aplicación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que habilitaba cortes de provisión de agua potable y desagües cloacales por falta de pago en domicilios residenciales. La medida se adoptó tras un planteo de la Unión de Usuarios y Consumidores y de Consumidores Libres Cooperativa Limitada de Provisión de Servicios de Acción Comunitaria.
Forns ordenó suspender la aplicación del inciso p del artículo 3 del DNU 493/2025, así como de los artículos 81 y 37 de sus anexos I y II, mientras se tramita la demanda de fondo. La decisión tiene carácter cautelar y alcanza a todos los inmuebles en los que se prevea la interrupción del servicio.
La magistrada subrayó la importancia de proteger a los sectores más vulnerables, como niños, adolescentes, adultos mayores y personas con discapacidad. En los casos donde ya se haya aplicado un corte, Forns dispuso que se restablezca inmediatamente el servicio cuando se acredite la presencia de alguno de estos grupos.
Según la resolución, es improcedente cortar el suministro cuando la morosidad obedezca a una situación de vulnerabilidad social o cuando se trate de personas que necesiten especial tutela jurídica por imposibilidad real de pago. La jueza destacó que esta interpretación se alinea con los principios constitucionales y estándares internacionales de derechos humanos, y protege la dignidad humana.
Las asociaciones demandantes buscan que en la sentencia de fondo se declare la nulidad e inconstitucionalidad del DNU, argumentando que introduce una regresión normativa que afecta directamente a la vida, salud y seguridad de los usuarios, violando derechos humanos y compromisos internacionales asumidos por la Nación.
El decreto cuestionado modificó la Ley N° 26.221 al permitir la interrupción del servicio de agua y desagües cloacales en hogares residenciales, algo que antes se limitaba a usuarios no residenciales y excluía el servicio de cloacas. La decisión judicial marca un freno temporal mientras se evalúa su validez legal definitiva.