El Juzgado Federal de Campana declaró inconstitucional el veto presidencial que había bloqueado la implementación de la Ley 27.793, conocida como Ley de Emergencia en Discapacidad, y ordenó su restitución.
La medida surge a partir de un amparo presentado por una familia con dos hijos con discapacidad, quienes reclamaron la vigencia de la norma como herramienta clave para el acceso a derechos.
El fallo fue dictado por el juez federal Adrián González Charvay, quien sostuvo que el veto del Poder Ejecutivo nacional vulnera compromisos internacionales asumidos por Argentina, especialmente en materia de protección de la infancia y garantía de derechos de personas con discapacidad.
La Ley 27.793 había sido sancionada por el Congreso y establecía un marco de emergencia para garantizar prestaciones y asistencia a personas con discapacidad. Sin embargo, fue vetada por el presidente Javier Milei, bajo el argumento de que generaba un impacto fiscal negativo.
En su resolución, González Charvay señaló que los tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional tienen jerarquía superior a las leyes ordinarias, y que el veto presidencial no puede invalidar los derechos fundamentales protegidos por esos acuerdos.
El fallo reabre el debate parlamentario y jurídico en torno a los alcances del poder presidencial, y podría sentar un precedente importante en el control judicial de vetos, especialmente cuando afectan derechos humanos reconocidos internacionalmente. El Gobierno aún tiene la posibilidad de apelar la decisión, por lo que el caso podría escalar a instancias superiores.
