En las últimas horas, se filtraron unos audios que sacudió al Gobierno nacional y puso en el centro de la escena a Karina Milei y Lule Menem (asesor de Karina). Según el material, se los vincula con un esquema de sobornos ligado a la compra de medicamentos, donde laboratorios y droguerías abonaban retornos ilegales a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis).
Las grabaciones corresponden a Diego Spagnuolo, actual titular de la Andis, abogado y amigo personal del presidente Javier Milei. En los audios, Spagnuolo relata el mecanismo de recaudación ilegal y asegura que algunos actores del Gobierno cobran entre 200 mil y 300 mil dólares mensuales en coimas. Incluso señala que Karina Milei recibiría un 3% de los retornos.
Asimismo, el funcionario también menciona a la droguería Suizo Argentina, de la familia Kovalivker, como intermediaria en los contratos con el Estado. Según su testimonio, la empresa exige un 8% a los proveedores, dinero que luego sería derivado hacia la mesa chica del poder. “Tengo todos los WhatsApp de Karina. A ella le llega el 3%”, se escucha en uno de los pasajes más comprometedores.
En este marco, Spagnuolo afirma que Javier Milei no estaría involucrado directamente en el circuito, aunque reconoce que “es toda la gente de él” la que pide dinero a los prestadores de salud.
El caso pone nuevamente bajo la lupa a la Suizo Argentina, una droguería que ya había sido denunciada el año pasado por la ministra Sandra Pettovello. En aquella ocasión, las sospechas apuntaban a la estrecha relación de la firma con los hermanos Menem, quienes ahora vuelven a quedar en el foco de las acusaciones.
La filtración también generó tensión interna en el oficialismo, ya que en el entorno de Santiago Caputo, asesor clave del Presidente, aseguran que intentó frenar la difusión del material. Al mismo tiempo, voces cercanas al gobierno exigen la renuncia del ministro de Salud, Mario Lugones, cuestionado por el caso del fentanilo adulterado que dejó más de cien muertos.
El escándalo compromete así a figuras centrales del entorno presidencial y abre un nuevo frente de crisis en el Gobierno, que había prometido terminar con los privilegios de la “casta” pero ahora enfrenta denuncias de recaudación ilegal en el corazón de su estructura política.
