Tras la denuncia presentado por el gobierno Gobierno sobre una supuesta operación de inteligencia ilegal a través de la cual se habrían grabado conversaciones privadas de funcionarios, el fiscal federal Carlos Stornelli requirió que se abra una investigación para determinar si existió una operación ilegal de inteligencia. No obstante, reivindicó el derecho constitucional de proteger las fuentes periodísticas.
"No podrá hurgar en las fuentes de algún periodista, merezca el concepto que merezca por parte de quien lo analice, por mandato constitucional”, sostuvo.
La medida de Stornelli en resguardo de los periodistas incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente. Y aclaró que “esto incluye la inviolabilidad del domicilio, salvo orden fundada de juez competente, no obstante lo cual, no empece al análisis de las conductas ya efectuadas”.
El Gobierno había denunciado ayer ante la Justicia Federal una “operación de inteligencia ilegal” a raíz de la difusión de los audios atribuidos a Karina Milei, en tanto un juez del fuero Civil y Comercial había ordenado el “cese inmediato” de la difusión de ese material.
Stornelli señaló que “la maniobra delictiva a investigar encontrará su espacio temporal al menos, desde que puedan datarse las primeras grabaciones publicadas y, yendo un poco más allá, sus actos preparatorios”.
Por eso estableció que “se dispongan las medidas de prueba requerida y se proceda” con la investigación.
