El Gobierno nacional oficializó la anulación de una serie de reformas administrativas que habían sido fuertemente cuestionadas por el Congreso, mediante la publicación de los Decretos 627/2025 y 628/2025 en el Boletín Oficial. La medida implica la restitución del funcionamiento de varios organismos públicos que habían sido eliminados, fusionados o modificados en los últimos meses.
El Decreto 627/2025 revoca decisiones previas como la fusión del Instituto Nacional Yrigoyenano con el Instituto Nacional de Investigaciones Históricas Juan Manuel de Rosas, así como la incorporación del Banco Nacional de Datos Genéticos a la órbita de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología. Con esta resolución, todas esas reformas quedaron sin efecto.
Entre las restituciones más destacadas, se encuentra la reactivación de la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Dirección Nacional de Vialidad, organismos clave para el desarrollo de políticas públicas en materia de transporte y seguridad vial.
También fue restablecida la Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y del Cannabis Medicinal (ARICCAME), que había sido disuelta meses atrás como parte de un plan de reducción del Estado. Su vuelta a funciones responde a los reclamos de sectores vinculados a la salud, la industria y el desarrollo científico.
Asimismo, el Gobierno decidió devolver los objetivos institucionales originales al Teatro Nacional Cervantes, al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y a la propia Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.
En paralelo, se restablecieron las facultades del Director Ejecutivo de la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, así como las responsabilidades de la Secretaría de Hacienda.
Por otro lado, el Decreto 628/2025 anuló los efectos del Decreto 340/2025, que había declarado esencial el transporte marítimo y fluvial de pasajeros y cargas, y había introducido reformas significativas en la estructura de la Marina Mercante Nacional.
Hasta que se normalicen las estructuras alcanzadas por estas decisiones, las funciones administrativas y jurídicas quedarán a cargo de la Jefatura de Gabinete, la Secretaría General de la Presidencia y el Ministerio de Economía.
La medida representa un giro en la política de reestructuración del Estado impulsada en el primer semestre del año, y responde a las críticas formuladas por el Poder Legislativo, sectores sindicales, organismos científicos y de derechos humanos, quienes alertaron sobre el impacto institucional y social de las decisiones previas.
