Por primera vez desde 2003, el Congreso de la Nación voltea un veto presidencial. En este caso, el de la Ley de Emergencia a Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, que este jueves el Senado ratificó con 63 a favor y 7 en contra.
La cámara alta se ratificó lo que dos meses atrás aprobó unánimemente con 55 votos afirmativos (7 más de los dos tercios necesarios para derribar un veto). Se trata de una iniciativa que propone, entre otros puntos, actualizar los valores que perciben los prestadores del sistema de salud que trabajan con el sector de discapacidad.
Según el Nomenclador Único de Discapacidad (NUD), que fija las tarifas que cobran los prestadores médicos de acuerdo a las disposiciones del Gobierno nacional, el sector sufrió pérdidas del 120,7% respecto a la inflación en 2023 y otro 21,79% durante 2024.
En ese sentido, el último incremento que recibieron los prestadores fue del 0,5% en diciembre pasado, cuando el dato de IPC de ese mes había sido 2,7%.
En ese marco, y minutos antes de la votación, el presidente del bloque Union por la Patria, José Mayans, explicó porque la bancada opositora descartó el veto del presidente Javier Milei a la ley de emergencia en discapacidad y volvió a ponerla en vigencia.
“Lo que hubo fue un expreso reconocimiento de estas personas que tienen un derecho constitucional”, afirmó. Luego, al igual que otros legisladores a lo largo de la jornada, puso como ejemplo diálogos con personas que recibían una pensión.
“Un insulino dependiente contó que vivir le cuesta 500 mil pesos por mes. La pensión por discapacidad era de 260 mil pesos. La mitad”, contó. Y agregó: "Me alegro que el parlamento de respuestas, pero le pido al pueblo argentino que haga tronar el escarmiento. Empecemos de nuevo".
Tras la ratificación de la ley que amplía presupuestos para asistir a personas con discapacidad y mejorar los ingresos de los profesionales que los acompañan, la oposición continuó con su agenda en la Cámara Alta.
En efecto, inició el debate de un proyecto de modificación del régimen legal de los decretos de necesidad y urgencia (DNU), de delegación legislativa y de promulgación parcial de leyes, que limita las atribuciones del Presidente para imponer su predominio sobre el Poder Legislativo.
El Senado le dio media sanción al proyecto de ley que limita los DNU presidenciales
Con 56 votos a favor, 8 negativos y 2 abstenciones, los legisladores avanzaron con otro proyecto que pone en jaque al gobierno de Javier Milei, con el objetivo de restringir el uso y los efectos de los Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
La iniciativa busca imponer límites temporales y reforzar el control legislativo sobre este tipo de instrumentos, ampliamente utilizados por el presidente en sus primeros meses de gestión.
El proyecto establece que los DNU deberán ser tratados obligatoriamente por ambas Cámaras del Congreso en un plazo máximo de 90 días desde su emisión. Además, introduce un cambio clave respecto al régimen actual: si una sola de las dos Cámaras rechaza un decreto, este automáticamente perderá vigencia.
Hoy, en cambio, los DNU se mantienen en efecto mientras no sean rechazados expresamente por ambas Cámaras, y sin un plazo definido para su tratamiento.
