El juez federal Alejo Ramos Padilla extendió por seis meses más la medida cautelar que frena el avance del decreto 116/2025, impulsado por el Gobierno de Javier Milei con el objetivo de transformar al Banco Nación en una sociedad anónima, paso clave hacia una eventual privatización.
La resolución judicial, dictada por el Juzgado Federal de La Plata, considera que no se han modificado las condiciones que motivaron la suspensión original dispuesta en marzo pasado, cuando se comenzó a analizar la legalidad del decreto presidencial.
En su fallo, Ramos Padilla argumentó que el Poder Ejecutivo no tiene facultades para cambiar la estructura jurídica del Banco Nación mediante un decreto, dado que no existe una delegación legislativa específica que lo habilite a hacerlo.
“No puede alterarse la naturaleza de una entidad pública por vía administrativa sin debate parlamentario”, remarcó el magistrado.
El decreto en cuestión, el 116/2025, fue promovido como parte del plan de reforma del Estado del gobierno de Milei. La intención del Ejecutivo era transformar al banco en una sociedad anónima para permitir su capitalización con participación de actores privados.
Sin embargo, el juez reafirmó que un cambio de tal magnitud debe ser tratado en el Congreso, dado que afecta la misión pública de la entidad y su rol estratégico en la política financiera nacional.
Cabe mencionar que la cautelar fue presentada por empleados del banco y contó con el respaldo del gremio La Bancaria, que alertó sobre los posibles impactos negativos de la reconversión, tanto sobre los derechos laborales como sobre la función social del Banco Nación.
El magistrado les dio la razón, al menos de forma provisoria, y resolvió que, hasta tanto se defina la cuestión de fondo, se mantenga sin cambios la estructura institucional y jurídica de la entidad.
Con esta decisión, el futuro del Banco Nación vuelve a quedar atado a lo que pueda resolverse en el ámbito legislativo o en una instancia judicial superior, mientras se mantiene en pie la resistencia gremial y política a su eventual privatización.
