Luego de la cautelar presentada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), y el rechazo del Congreso de La Nación, la justicia ordenó al gobierno a mantener los puestos laborales de los trabajadores de distintos organismos públicos.
La gestión libertaria quería aplicar, a través de la resolución 1240, reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad de personal o supresión de estructuras vinculadas al Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), el Instituto Nacional de Semillas (INASE), el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) y la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación.
En ese marco, la justicia ordenó al Ejecutivo abstenerse de ejecutar “cualquier acto administrativo que derive de la aplicación de la resolución 1240”.
Por eso, más de 340 trabajadores de los distintos organismos públicos, continuarán en sus cargos tras la oficialización de las resoluciones 1343 y 221, publicadas este viernes en el Boletín Oficial.
La resolución 1343 establece que “resulta necesario dejar sin efecto las resoluciones 1044/2025, 1217/2025 y 1240/2025 de este Ministerio de Economía, dictadas en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025, 462/2025 y 585/2025”.
Por su parte, la resolución 221 anuló los despidos del personal de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes de Aviación y señala que “resulta necesario dejar sin efecto la Disposición N° 1 de la Agencia de Investigación de Accidentes e Incidentes De Aviación dictada en el marco de las disposiciones establecidas por los derogados decretos 461/2025 y 585/2025”.
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE, celebró las medidas y afirmó: “Presidente Javier Milei, ustedes se creían imbatibles, pero terminaron siendo muy torpes. Viven recalculando. En ATE nos estamos acostumbrando a ganar".
Además, el Gobierno restituyó la vigencia de varias normativas del INTA y de otros organismos públicos que habían sido modificadas por decretos presidenciales, mediante los decretos 627 y 628. En este sentido, el Ejecutivo aclaró que “el rechazo por el Congreso implica su derogación, pero no restablece automáticamente las normas derogadas o modificadas por ellos”.
