Una mujer de La Plata denunció que su marido lleva dos años y siete meses detenido preventivamente en el marco de una causa familiar, y cuestionó el accionar judicial por no haber tenido en cuenta pruebas médicas y testimoniales que podrían respaldar la inocencia de su esposo.
Según relató, durante 2022 presentó certificados de psicólogos, psiquiatras y ginecólogos que habían atendido a su hija, además de chats y otros elementos que documentaban los hechos.
Sin embargo, indicó que la justicia priorizó los relatos de la menor y de sus padres, quienes, según la mujer, habrían influido en la hija para denunciar falsamente. A su vez, afirmó que se contradijo su propia historia varias veces en el transcurso del tiempo.
La madre agregó que su hija inicialmente denunció un manoseo, pero luego, tras un viaje con los abuelos, aseguró que abusos habrían ocurrido desde los ocho años.
Sin embargo, los informes de peritos sostienen que la menor perdió objetividad, relató los hechos de manera impersonal y estaría influenciada por los abuelos, poniendo en duda la veracidad de sus declaraciones.
Es preciso mencionar que, a pesar de estos informes, la causa derivó en la detención preventiva del marido, quien se presentó voluntariamente en la UFI Nº5.
La madre denunció además que se le negó el relevo del secreto profesional de los especialistas que atendieron a la menor, ya que la adolescente se negó a autorizar que declararan en la causa.
La mujer también remarcó el impacto que la situación tiene sobre su hijo menor de cinco años, que desea estar con su padre. Según su relato, la justicia “no quiere ver las pruebas, escucha los relatos basándose en la nada misma”, mientras que elementos tangibles que podrían esclarecer los hechos permanecen sin ser considerados.
Este caso refleja, según la madre, posibles fallas en el manejo judicial de causas familiares complejas, donde la interpretación de los relatos prevalecería por encima de la documentación médica y otras evidencias objetivas.
